En respuesta a los maltratos y abandono que sufren los adultos de la tercera en edad en Michoacán, desde el Congreso del Estado se planteó una propuesta para tipificar estos vicios sociales como un delito, a fin de que los responsables paguen con labores de trabajo social.
La iniciativa planteada en el Congreso local responde a que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los adultos mayores que habitan en el estado, tan sólo un 9.64 por ciento goza de servicios de salud; mientras que el 40 por ciento vive en total abandono.
En relación a las ocupaciones que tiene el adulto mayor, se destaca que el 25 por ciento vive en situación de calle; el 34.7 de la población de edad avanzada es economicamente activa; el 3.8 por ciento se dedica a la construcción; otro 23 por ciento al comercio o a prestar un servicio; y tan sólo un 15 por ciento se identifica con goce de pensión y/o jubilación.
Bajo este escenario, durante la pasada sesión ordinaria que se realizó en el Congreso el pasado 22 de febrero, la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal Martínez propuso que se tipifique el delito de abandono al adulto mayor, buscando que con ello se establezcan sanciones sobre los responsables.
Las sanciones, explicó la legisladora, consistirían en buscar que quienes incidan en el maltrato o abandono de adultos mayores, paguen con trabajo social, e incluso posibles sanciones económicas.
En sustento a su propuesta, la legisladora refirió que además de identificarse el abandono del 40 por ciento de los adultos mayores que existen en Michoacán, de 500 mil personas que presentan una edad mayor a los 60 años, 200 mil presentan pobreza alimentario y deficiencias en salud.
Considerando que actualmente el artículo 154 del Código Penal del Estado de Michoacán, reza lo siguiente: “A quien abandone a un ser humano que no tenga la capacidad de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidado o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres a seis años de prisión”; Bernal Martínez urgió la necesidad de que lejos de pagar con cárcel, los responsables de estos ilícitos sean sometidos a sanciones de trabajo social.
Finalmente, la diputada mencionó que al considerar sanciones reparatorias, además de conseguir mayor atención en este sector poblacional, se iría corrigiendo este vicio tan arraigado en la sociedad michoacana.