El endurecimiento fiscal del SAT en 2026 exigirá el pago de multas como condición para impugnar, afectando a contribuyentes y empresas.
A partir de 2026, las empresas y contribuyentes enfrentarán un esquema de fiscalización del SAT más estricto, con procedimientos acelerados contra empresas factureras, nuevas obligaciones sobre la veracidad de los comprobantes fiscales y la exigencia de pagar multas como garantía para poder impugnarlas, advirtió la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac).
En rueda de prensa, este martes, el presidente de Anefac Michoacán, Alan Omar del Río Ortiz, explicó que uno de los cambios más relevantes es el procedimiento mediante el cual la autoridad fiscal puede presumir que una empresa emite facturas falsas, restringir de inmediato el uso de sellos digitales y otorgar sólo cinco días para desvirtuar la presunción.
De no hacerlo en un plazo total de 24 días, la empresa será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la página del Servicio de Administración Tributaria, lo que obligará a terceros a corregir su situación fiscal.
Detalló que quienes hayan utilizado facturas de esas empresas deberán eliminar los efectos fiscales de dichas operaciones, lo que implica pagar diferencias de impuestos, aun cuando el error haya sido de su proveedor.
“Terminan pagando terceros por errores de un primero”, se expuso durante el encuentro.
A este esquema se suma un nuevo requisito para los comprobantes fiscales: deberán acreditar que la operación es existente, verdadera o real, lo que puede derivar incluso en sanciones penales si no se cumple.
Aunque el objetivo es combatir a las empresas factureras, se advirtió que cualquier contribuyente puede ser sometido al procedimiento si no cuenta con controles internos adecuados.
Otro cambio relevante es la modificación al esquema de garantía del interés fiscal. A partir de 2026, para impugnar cualquier multa o adeudo fiscal será obligatorio garantizar previamente el monto, incluso mediante un billete de depósito en el Banco del Bienestar. Antes, algunos medios de defensa permitían litigar sin garantizar el pago.
Las afectaciones
Los especialistas señalaron que esta medida impactará de forma desproporcionada a micro y pequeños contribuyentes, ya que multas comunes, como no presentar la declaración anual, oscilan alrededor de 8 mil pesos, monto que ahora deberá pagarse antes de iniciar cualquier recurso de defensa.
Durante la conferencia, Javier Eliot Olmedo Castillo, expresidente de Anefac, y Ramiro Humberto Ortega Campos, socio fundador, advirtieron que el endurecimiento de la política recaudatoria está ligado a la necesidad de financiar el gasto público y los programas sociales, en un contexto de creciente endeudamiento nacional y limitaciones para seguir contratando deuda.
También se alertó sobre los efectos colaterales en la clase media y en la productividad, al señalar que el incremento al salario mínimo se ha visto acompañado de una mayor carga fiscal indirecta, lo que reduce el ingreso real de los trabajadores y desincentiva prácticas como las horas extra.
Finalmente, Anefac llamó a los contribuyentes a reforzar sus controles internos, verificar a sus proveedores y acercarse a asesores fiscales colegiados, ante un entorno que calificaron como de alta presión y riesgo, no sólo en el ámbito administrativo, sino también penal.