Denuncian excesos en la SCOP, contrataciones injustificadas y deterioro laboral; el sindicato prepara acciones mientras se agudizan tensiones políticas en Michoacán
Los excesos en la Scop
Los excesos en que han incurrido servidores públicos son caldo de cultivo para la inconformidad sindical en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. La situación ya estaría en la mira del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo.
Y es que si bien la dependencia ha realizado múltiples licitaciones para la remodelación de oficinas, lo cierto es que el gasto se ha enfocado fundamentalmente en obras para la oficina del titular de la dependencia y de la subsecretaria.
En tanto, los espacios en que laboran los trabajadores permanecen en la precarización y el deterioro, conviviendo con cucarachas, ratas y demás fauna análoga. Las condiciones son tan deprimentes que en el estacionamiento, los cráteres han sustituido a los baches que había debido a la falta de mantenimiento.
Paralelamente, el titular de la dependencia habría incorporado a la nómina de la Secretaría a los trabajadores que le remodelan su casa en la zona más exclusiva de Altozano. Mientras las instalaciones de la dependencia encargada de la obra pública estatal, resultan mala presentación para la calidad de los proyectos que ésta realiza.
La cosa no para ahí, pues este año son cerca de cien nuevos empleados los que se han contratado en la dependencia sin mayor justificación, con sueldos que alcanzan los 31 mil pesos y que implican una erogación mensual de 1.8 millones de pesos. Este es el mayor foco rojo para el Sindicato.
Quedar mal
El malestar federal por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ha venido a sumarse de manera significativa a otras molestias existentes en torno a Michoacán.
El homicidio ha dejado mal parada la Estrategia Nacional contra la Extorsión que el Gobierno de Claudia Sheinbaum arrancó en julio pasado, justamente en el Tianguis Limonero de Apatzingán, poniendo en duda su efectividad.
Más allá de las explicaciones y justificaciones públicas, así como de las detenciones realizadas luego del homicidio de Bravo, a nivel federal existe molestia profunda por la decisión que alguien tomó para retirarle la seguridad al líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.