El titular de Sedeco en Michoacán, Antonio Soto, señaló que exfuncionarios de los gobiernos de Godoy, Fausto y Reyna presentaron documentos de supuesta propiedad de terrenos en Isla de La Palma; el estado revisa expedientes
Morelia, Michoacán. — El tema de la propiedad de terrenos en la Isla de La Palma, en el municipio de Lázaro Cárdenas, volvió a colocarse en la agenda pública luego de que el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Antonio Soto Sánchez, informara que algunos exfuncionarios de administraciones estatales pasadas aparecen con documentos que señalan supuestos predios en la zona.
En entrevista, el titular de la Sedeco indicó que las personas que han presentado documentos de propiedad están vinculadas con administraciones encabezadas por Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García. Sin embargo, puntualizó que se trata de exservidores públicos de nivel menor.
Soto Sánchez explicó que varios de los documentos mostrados no cuentan con los elementos legales que respalden su validez. De acuerdo con lo señalado, para que exista reconocimiento oficial, los papeles deben contar con la firma correspondiente del Comité Técnico del Fideicomiso 406, instancia encargada del manejo de esos terrenos.
“Hay algunos funcionarios menores que dieron documentos que no tienen ninguna validez. Son desde la administración de Leonel, de Fausto y de Reyna”, comentó el funcionario estatal.
Litigios agrarios siguen en tribunales
El titular de Sedeco también aclaró que los litigios agrarios que existen con ejidatarios no interfieren con el proceso de desincorporación del polígono 1 de la Isla de La Palma, un terreno de 648 hectáreas que el gobierno estatal contempla entregar en propiedad al gobierno federal.
Según explicó, los juicios agrarios continúan su curso en tribunales federales, mientras que el Congreso del Estado únicamente realiza el procedimiento administrativo sobre un terreno que actualmente cuenta con escritura a nombre del Gobierno de Michoacán.
“Los litigios siguen su propio curso en los tribunales y el Congreso simplemente desincorpora un terreno que es propiedad del estado”, señaló.
De acuerdo con la información proporcionada, actualmente existen seis litigios agrarios, los cuales se encuentran radicados en tribunales federales ubicados en Zihuatanejo.
Gobierno revisa expedientes y posibles responsabilidades
Antonio Soto agregó que el gobierno estatal, a través de la Contraloría, analiza los expedientes relacionados con los documentos presentados por particulares o exfuncionarios.
Indicó que si se detecta que algún servidor público entregó documentación sin facultades legales, podría tratarse de documentos apócrifos, lo que abriría la puerta a procedimientos administrativos o incluso denuncias penales.
“Si algún funcionario entregó documentación sin tener la facultad legal, esos documentos no tienen validez y podrían derivar en responsabilidades”, explicó.
Empresas en la zona
El funcionario estatal también detalló que de 18 empresas que se encontraban instaladas en la Isla de La Palma, únicamente dos lograron acreditar la propiedad de sus terrenos.
Se trata de las compañías Cocos Plus y Merks, que en conjunto poseen 12 hectáreas dentro del polígono.
Sobre el resto de las empresas, Soto indicó que no contaban con documentación que acreditara la propiedad legal del terreno, por lo que fueron retiradas del sitio. No obstante, se les permitió ingresar para retirar maquinaria, materiales o equipo.
Incluso relató que algunas personas mostraron documentos firmados por el encargado de la entrada del lugar, situación que el funcionario calificó como un documento sin validez jurídica.
“Nos han mostrado documentos que les entregó quien estaba en la entrada principal. Era el portero del lugar. Un documento de esa naturaleza no tiene validez legal”, concluyó.