La comunidad de Arantepacua exige detener al exgobernador Silvano Aureoles, Juan Bernardo y 16 implicados más, por la masacre de 2017, buscando justicia y cumplimiento de órdenes de aprehensión.
Morelia, Michoacán.-La comunidad de Arantepacua advirtió que mantendrá movilización y vigilancia permanente para exigir el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, el exsecretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona y otros implicados en la masacre ocurrida el 5 de abril de 2017.
A casi nueve años de los hechos, víctimas, autoridades comunales y representantes de sus comisiones de justicia y transparencia señalaron que este momento representa un punto de inflexión en la búsqueda de justicia, aunque insistieron en que aún falta la detención y sentencia de los responsables.
“Las órdenes de aprehensión son ese primer paso, hace falta que se cumplimenten, que las 16 personas estén detenidas frente a un tribunal y que ese tribunal dicte sentencias firmes”, expresaron este domingo en rueda de prensa transmitida en redes sociales.
Con la presencia de su representante legal, Enrique Guerrero, integrantes de la comunidad recordaron que el caso fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación 20/2020, donde se acreditaron cuatro ejecuciones extrajudiciales, incluido un menor de edad, además de tortura, detenciones arbitrarias, tratos crueles y más de mil víctimas.
En ese contexto, Elpidio Cohenete y otros miembros del Consejo Comunal señalaron directamente al exmandatario estatal y al entonces titular de Seguridad Pública, al sostener que uno “dio la orden de cometer la masacre” y la corporación a su cargo ejecutó los hechos.
Asimismo, denunciaron que durante años enfrentaron obstáculos institucionales. “La Fiscalía del Estado operó como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia”, acusaron, al referir retrasos en diligencias, desvío de líneas de investigación y presiones a víctimas.
Frente a ese escenario, destacaron que el avance actual es resultado de un proceso organizativo que incluyó la recopilación de pruebas, movilizaciones en Michoacán y la Ciudad de México, así como el fortalecimiento comunitario.
La exigencia central, señalaron, es que el Poder Judicial actúe sin dilaciones.
“No aceptaremos simulaciones ni dilaciones. Exigimos que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias con sentencias firmes”, puntualizaron.
Enrique Guerrero advirtió que la comunidad recurrirá a la protesta si se detectan irregularidades.
“La comunidad no permitirá un engaño, no permitirá ninguna corrupción del Poder Judicial y recurrirá a todos los medios jurídicos y a su derecho humano a la protesta social en caso de ser necesario”, afirmó.
Además del proceso penal, la comunidad reclamó el incumplimiento de compromisos por parte del Ejecutivo estatal en materia de reparación del daño, al señalar que obras prometidas desde abril de 2022 no han sido concluidas.
En paralelo, informaron que más de 40 comunidades se mantendrán coordinadas para dar seguimiento a la ejecución de las órdenes de aprehensión y a la localización de los implicados.
“Si no hay justicia para nuestro pueblo, no habrá paz para el gobierno”, advirtieron, al reiterar que continuarán en pie de lucha hasta que se sancione a todos los responsables.