Morelia, Michoacán.- Durante los gobiernos estatales encabezados por Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), detectó 10 irregularidades en el manejo de la reestructura y el refinanciamiento de la deuda, conforme lo revela el informe que el órgano fiscalizador entregó a la Comisión Inspectora del Congreso de la entidad.
El informe otorgado al Legislativo local detalla irregularidades como desfasamiento en la ministración de participaciones a los municipios; diferencia en el presupuesto modificado; falta de evidencia documental en el proceso de adjudicación de prestadores de servicios; falta de evidencia documental en el padrón de proveedores; DEPPS que no se pagaron al decreto legislativo número 22; debilidad de liquidación de pasivos del ejercicio fiscal 2011 y anteriores; falta de identificación de recursos aplicados al fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas e inconsistencias en la aplicación de recursos derivados de financiamiento.
A petición de los legisladores locales para conocer el manejo de la reestructura y refinanciamiento de la deuda contratada con instituciones bancarias durante la administración del perredista Leonel Godoy Rangel, y que solicitó renegociar la administración del priista Fausto Vallejo Figueroa, el órgano fiscalizador detalla que entre los años 2013 y 2014, los secretarios de Finanzas y Administración (SFA), no respetaron los lineamientos sobre los que se renegoció con las instituciones crediticias, el manejo del pago de la deuda.
Dichas irregularidades se presentaron en el informe de la cuenta pública 2014, esencialmente en lo que se refiere al decreto legislativo 351, y que se identificó con número de oficio ASM/0042/2015, que otorgó la ASM a la Comisión Inspectora del Poder Legislativo de Michoacán.
El decreto 351 se publicó el 26 de noviembre del 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, fechas en las que ejerció como mandatario estatal Salvador Jara Guerrero, luego de que Vallejo Figueroa solicitó licencia definitiva al cargo.
Dicho decreto legislativo emanó de la reestructura de los empréstitos contratados y aprobados en el decreto legislativo 22, a partir de lo cual, la ASM informó sobre los avances en el manejo de esta operación financiera con los bancos, hasta el 31 de octubre del 2014.
Tales decretos emanaron del decreto 307 publicado en el Periódico Oficial el 19 de enero del 2011, el cual fue autorizado por el Poder Legislativo al Ejecutivo de Michoacán, entonces encabezado por Leonel Godoy.
En dicho decreto, los diputados locales avalaron a la administración pública estatal, el refinanciamiento de la deuda pública, es decir, la contratación de créditos con bancos para el pago de un monto de 4 mil 800 millones de pesos con un plazo de 25 años.
Sin embargo, el 26 de octubre del 2012, se publicó un nuevo decreto legislativo identificado con el número 22, en el que se autorizó al Ejecutivo de la entidad, ya encabezado por Fausto Vallejo Figueroa, contratar nuevos créditos, además de refinanciar los pasivos, esto es, los gastos que superaban los ingresos monetarios a las arcas gubernamentales, a efecto de darle liquidez y atender las obligaciones financieras de la Hacienda Pública Estatal.
Este último decreto fue modificado, en lo referente al plazo para ejercer los nuevos créditos contratados, a través de dos nuevos decretos, el 103 con fecha de publicación del 28 de diciembre del 2012 y el 128, con fecha de publicación del 25 de marzo del 2013.
Fue hasta el 26 de noviembre del 2014, ya con Salvador Jara Guerrero como gobernador sustituto, que se publicó el decreto legislativo número 351, en el que se autorizó al gobierno michoacano la contratación, reestructura y refinanciamiento de los créditos contraídos, a través del decreto de legislativo número 22, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 26 de octubre del 2012.
Condiciones del decreto 351
En el decreto 351 publicado el 26 de noviembre del 2014, la autoridad estatal solicitó al Legislativo de Michoacán efectuar dos operaciones, la reestructuración de la deuda, es decir, la modificación de tasas de interés, plazos de las forma de pago y otros términos de la deuda existente; y el refinanciamiento, es decir, la contratación de nueva deuda para pagar el total o parcialmente la ya existente.
El artículo primero del decreto en mención, permitió al gobierno del estado contratar una nueva deuda máxima de 9 mil 56 millones 98 mil 240 pesos, es decir, el monto aprobado ya en el decreto 22 publicado en octubre del 2012; ademas de la apertura de un empréstito signado el 23 de febrero del 2011 con Banca Mercantil del Norte S.A. por la cantidad de 2 mil millones de pesos, referente a los decretos 307 publicado el 19 de enero del 2011 y el mismo decreto 22.
El informe de la ASM, se enfoca a desglosar el destino del crédito signado con Banco Multiva S.A., por un monto de mil 340 millones de pesos, en el que, según el texto, hasta el 31 de octubre del 2014, el saldo del empréstito era de mil 284 millones 179 mil 933 pesos.
El mismo informe también detalla el comportamiento de los créditos contratados a partir de las condiciones estipuladas en el decreto 22, además de que se da un panorama de las observaciones emitidas a la Unidad Programática Presupuestal 25, “Deuda Pública y Obligaciones Financieras”, del gobierno de Michoacán.
El decreto legislativo número 22
El decreto legislativo número 22, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 26 de octubre del 2012, los diputados locales le aprobaron a Fausto Vallejo un monto de 9 mil 56 millones 98 mil 240 pesos para el pago de créditos contratados con el Banco Interacciones S.A., al que se le destinaría un monto de mil 863 millones 966 mil 53 pesos; a un primer crédito de Banca Afirme, se entregó una suma de 687 millones 500 mil pesos; a pago de pasivos por los conceptos de “Bienes Muebles e Inmuebles” y “Obra Pública y construcciones de los ejercicios 2011 y anteriores, un monto de 2 mil 675 millones; al segundo crédito de Banca Afirme, mil 213 millones 333 mil 333 pesos.
El monto autorizado por el decreto 22 también contempló la reposición de pagos a proveedores y contratistas por los conceptos de “Bienes Muebles e Inmuebles”, “Obras Publicas y Construcciones”, y Programa de Obra Convenida con Municipios, al que se destinaron 775 millones, y a la contratación de nueva deuda para la reposición de disponibilidad de amortizaciones del ejercicio fiscal 2012, principalmente a los ámbitos de salud, educación y desarrollo rural, donde se destinaron mil 841 millones 298 mil 853 pesos.
La contratación de esta nueva deuda con instituciones bancarias sería saldada, conforme se estipuló en el decreto, a través del Patrimonio del Estado y las participaciones en ingresos federales.
El decreto 22 fue reformado con el decreto 103, publicado el 28 de diciembre del 2012, en el que se autorizó como fecha para ejercer los recursos el 31 de marzo del 2013, y posteriormente se modificó nuevamente en el decreto 128 publicado el 25 de marzo, en el que se incorporó el monto de 8 mil 644 millones 963 mil 207 pesos, para ser ejercidos a más tardar el 30 de junio del mismo 2013.
Sin embargo, de tales cantidades con corte al 31 de octubre del 2014, la autoridad estatal tan solo dispuso de 5 mil 576 millones 457 mil 655 pesos, a pesar que un año antes, la administración de Vallejo Figueroa insistió en la urgencia del refinanciamiento y la reestructura de los empréstitos.
La ASM informó que se usaron lo mil 340 millones contratados el 14 de marzo del 2013 con Banca Multiva; mil 345 millones 614 mil 766 de los 4 mil 112 millones adquiridos el 28 de junio del 2013 con Banca Nacional de Obras y Servicios Públicos; 567 millones 154 mil 855 pesos de los 680 millones contratados el 10 de junio del 2013 con la institución anteriormente mencionada; mil 923 millones 688 mil 33 pesos de los mil 936 millones 651 mil 240 pesos contratados el 14 de marzo del mismo con Banca Interacciones y finalmente, 400 millones de los 576 millones 311 mil 966 pesos signados también con Interacciones.
Destino del crédito contratado con Multiva
La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) reportó al órgano fiscalizador que de los mil 340 millones de pesos contratados el 14 de marzo del 2013, con un plazo a 180 meses, hasta el 31 de octubre del 2014 tan solo se habían gastado 931 millones 813 mil 33 pesos, por lo que quedó pendiente de ejercer una cantidad de 408 millones 186 mil 967 pesos.
El informe del órgano fiscalizador emitido a la Comisión Inspectora desglosa que 86 millones 751 mil 547 pesos fueron destinados a accesorios del crédito y 845 millones 61 mil 485 pesos fueron orientados hacia el pago de pasivos de los ejercicios 2011 y anteriores.
En el empréstito signado con Multiva el 9 de abril del 2013 se dispuso de 450 millones de pesos que se transfirieron a la cuenta bancaria 008988784020 de Banco del Bajío, y posteriormente, tras una nueva transferencia, el 31 de diciembre de la misma anualidad, se reinvirtió pero ahora la cantidad de 602 millones 87 mil 30 pesos en la cuenta bancaria número 21881670201 para el pago de dos créditos a corto plazo con la misma institución financiera.
Se entregó la cantidad de 150 millones 521 mil 757 pesos para el crédito identificado con el número 5817797, así como 451 millones 565 mil 272 pesos para el crédito 5810145.
No obstante, se elaboró un acta circunstanciada el 18 de diciembre del 2014, identificada en el Pliego de Observaciones con el número AEFE/DAE/DFFSC/UPP-25/GF-06/2013, debido a una presunta violación al decreto legislativo número 22 en el que se impedía liquidar el crédito a corto plazo registrado como 5810145.
Por si fuera poco, las transferencias efectuadas en las cuentas bancarias de Banco de Bajío para saldar los empréstitos anteriormente señalados, generaron intereses menores a los cobrados por el crédito contratado con Multiva, del cual se valió la autoridad estatal para saldar los adeudos mencionados, lo que, según el texto, provocó “que se generaron intereses en ambas disposiciones de crédito, ocasionando con ello, daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal”.
De este mismo crédito signado con Multiva, se destinaron 55 millones 820 mil 67 pesos a amortizaciones al capital y 147 millones 502 mil 114 pesos al pago de intereses. Ello implicó que la deuda, lejos de disminuir, ascendió 203 millones 322 mil 181 pesos.
Esta irregularidad de la administración de Fausto Vallejo, le cobro factura a Salvador Jara, pues la deuda pública, es decir, con instituciones bancarias, lejos de disminuir, aumento el monto señalado.
Crédito con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
En lo que compete a este empréstito signado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se contrató un crédito de 4 mil 122 millones de pesos el 28 de junio del 2013, con un plazo a 240 meses, el cual cubriría pago de pasivos por conceptos “bienes Muebles e Inmuebles” y “Obras Públicas y Construcciones”, por un monto de mil 384 pesos; Obra Convenida con Municipios, 775 millones de pesos; inversiones para los sectores de salud, educación y desarrollo rural, mil 841 millones 298 mil 853 pesos; Fondo de Reserva, 90 millones 700 mil pesos; contratación de agencias d la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 950 milpesos; costos de fideicomiso, 100 mil pesos y financiamiento de apertura de crédito, 19 millones 951 mil 146 pesos.
Sin embargo, de los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, tan solo se realizaron tres disposiciones del crédito por un monto total de mil 345 millones 614 mil 766 pesos, de los cuales, hasta el 31 de octubre del 2014, tan solo se aplicó la cantidad de 745 millones 614 mil 767 pesos en los rubros de inversiones a los sectores de salud, educación y desarrollo rural, así como en accesorios del crédito Banobras.
En el caso de este crédito contratado a solicitud de Vallejo Figueroa, como parte de la reestructurar y refinanciamiento de la deuda, se evidencia que la autoridad en turno y la que concluyó la administración, es decir, Salvador Jara Guerrero, con dieron relevancia al ejercicio de este recurso.
De este primer crédito con Banco Nacional de Obras y Servicios, se estipuló en el contrato que las amortizaciones se efectuarían a partir del décimo noveno mes, a partir de la primera disposición del recurso, por lo que se trataría del mes de junio del 2015, sin embargo se pagaron intereses por cada disposición, que en total sumaron 43 millones 471 mil 602 pesos, en la primera, a los que se adhirieron otros 5 millones 655 mil 548 pesos de la segunda y un millón 813 mil 93 pesos de la tercera, concluyó en el reporte “que no se realizaron amortizaciones al capital desde la fecha de la primera disposición hasta el 31 de octubre del 2014”.
En cuanto al segundo crédito signado el 10 de junio del 2013 con esta institución bancaria por un monto de 680 millones de pesos, y en un plazo de 240 meses, la autoridad solo dispuso de 567 millones 154 mil 855 pesos por concepto de liquidación del crédito contratado con Banca Afirme por mil 400 millones de pesos, así como para accesorios del mes de noviembre.
El recurso destinado a la liquidación del crédito previamente contratado con Banca Afirme, y al que se le destinaron 563 millones 862 mil 476 pesos para finiquitarlo, fue transferido directamente a la cuenta de la institución financiera mencionada.
De tal crédito, a pesar de que las cláusulas de contratación del mismo sugieren una amortización a través de una sola exhibición, en el mes 240 a partir de la primera disposición, es decir en noviembre del 2033, se pagaron 52 millones 137 mil 758 pesos de intereses.
Crédito con Banco Interacciones
En el crédito contratado el 14 de marzo del 2013 con Interacciones por mil 936 millones 651 mil 240 pesos, en un plazo de 240 meses, se tenía contemplado invertirlo en el pago de accesorios del crédito signado con la misma institución el 10 de febrero del 2012, por un monto de 2 mil 313 millones 888 mil 890 pesos, al que se le destinarían mil 478 millones 317 mil 907 pesos, además de que se ejercerían otros 458 millones 333 mil 333 pesos al pago de intereses del crédito contratado con Banco Afirme el 25 de enero del 2012 por un monto de mil 100 millones de pesos.
No obstante, durante el ejercicio del 2013, solo se dispuso de mil 923 millones 688 mil 33 pesos de los mil 936 millones 651 mil 240 pesos, de los que se aplicaron mil 414 millones 43 mil 216 pesos para la liquidación de contrato con Interacciones por 2 mil 313 millones 888 mil 890 pesos; 412 millones 500 mil pesos para la liquidación del crédito contratado con Afirme por mil 100 millones y 23 millones 333 mil 333 pesos para la amortización del mes de abril del 2013, contratada con Afirme por un monto de mil 400 millones de pesos.
En torno a la disposición de este crédito, el reporte de la ASM reveló que “existe una diferencia de 11 mil 169 pesos, respecto de la disposición del crédito con la aplicación del mismo, lo cual, según el estado de cuenta respectivo, se destinó como abono para el pago de comisiones por gestión y mantenimiento, correspondientes a dichas disposiciones”.
El 29 de abril del 2013, también se contrató otro crédito con Interacciones, por una suma de 576 millones 3112 mil 967 pesos, con un plazo a 240 meses, el cual se invertiría en su totalidad en el pago total o parcial de intereses y demás accesorios del crédito celebrado con Afirme el 25 de enero del 2012, por un monto mil 400 millones de pesos, sin embargo, al 31 de octubre del 2014, tan solo se había dispuesto de 400 millones de pesos, 369 millones 470 mil 856 pesos para la liquidación del crédito, así como 26 millones 518 mil 12 pesos para accesorios e intereses de mayo del 2013.
Conclusiones del informe de la ASM
En el informe de la ASM, se concluye que “mediante Acta Circunstanciada de fecha 18 de diciembre del 2014, los Pliegos de Observaciones determinados, por lo que se encuentra en el término de los 30 días hábiles que contempla dicho artículo, con el objeto de que los servidores públicos observados proporcionen la evidencia documental y/o información suficiente para aclarar los actos, hechos u omisiones dados a conocer, y que se conforman 9 Pliegos de Observaciones”.
Tales observaciones con irregularidades provocadas por la inestabilidad de la administración de Fausto Vallejo, fueron solapadas e incluso continuarás por el gobierno de Jara Guerrero.
Entre las observaciones, se distribuyen 5 como administrativas y otras 5 económicas, entre las que se señalan como administrativas, se refieren a “desfasamiento en la ministración de las participaciones a los municipios”; “diferencia en el presupuesto modificado”; “debilidades en la liquidación de los pasivos de ejercicios fiscales 2011 y anteriores”; “falta de identificación que los recursos aplicados corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” e “inconsistencias en la aplicación de los recurso derivados de financiamiento”.
En el caso de las económicas, el reporte indica “falta de evidencia documental de los trabajos realizados y procesos de adjudicación de prestador de servicios”; “falta de evidencia documental de los trabajos realizados, procesos de adjudicación de prestador de servicios e inscripción al Padrón de Proveedores”; “Falta de evidencia documental de los trabajos realizados, e inscripción al Padrón de Proveedores”; DEPPS que no se pagaron en base al Decreto Legislativo número 22”; y “Aplicación de recursos en conceptos distintos en los establecidos en el Decreto Legislativo número 22”.
En cuanto a las observaciones particularmente al caso del crédito con Multiva, se señala que los conceptos definidos como “accesorios” en el ejercicio del recurso, se trata de pago de honorarios por asesorías legales y la constitución de un “Fondo de Reserva”, para dar seguridad a las obligaciones contraídas; sin embargo, detalla que respecto al saldo, la Secretaría de Finanzas y Administración no define con certeza un monto de 19 mil 644 pesos que no se encuentran disponibles en la cuenta bancaria del crédito, aunque añade que existe evidencia que podría acreditar el pago de un pasivo a corto plazo con Banco del Bajío.
Respecto a los créditos con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, revela que el importe correspondiente a los “accesorios” presenta una diferencia a los resultados de la fiscalización, y añade que, en lo referente a la aplicación de los pasivos de inversiones a los sectores e salud, educación y desarrollo rural, se dispuso en dos ocasiones del recurso, lo que implica una mayor inversión, además de que se aclara que hay pendiente un recurso por aplicar.
Finalmente, en el caso de Interacciones, las observaciones señalan que la liquidación referida en el crédito, la amortización se deduce como un concepto “independiente” del monto saldado, además de que las amortizaciones e intereses son reportados por separado en los reportes