El espejismo de la racionalidad apareció súbitamente la mañana del domingo, cuando se extendió rápidamente la versión de que no se detendrían los trabajos del NAIM en Texcoco.
La obra lleva un avance de 31% y su cancelación costará al país 100 mil millones de pesos, según los conservadores cálculos de Javier Jiménez Espriú, nuevo titular de la SCT. Por un momento se pensó que el gobierno daba marcha atrás en el “error de octubre” y que el proyecto de Santa Lucía, que un piloto de Aeroméxico llamó irónicamente La Central Avionera, pasaría a la historia.
Pero no, AMLO es un hombre de ideas sólidas.
Se trataba de una estrategia del nuevo gobierno para ganar tiempo en las negociaciones que desarrolla para la recompra de bonos ofertados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
La recompra es por mil 800 millones de dólares, de un total de 6 mil millones de dólares. En otras palabras, para convertir inversión privada en deuda pública. “Fondos Buitre al acecho”, ilustró un exalto funcionario de la SHCP. ¿Y qué son los Fondos Buitre que tanto le costaron a Argentina? Nos preguntamos. Va la definición que encontré en Google:
“Es un fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra. Consiste en comprar en el mercado deuda de Estados y empresas al borde de la quiebra a bajo precio, y luego proceder judicialmente para el cobro total de los bonos más los intereses por los años adeudados”.
La fuente de Hacienda nos explicó que si el sábado se hubiesen cancelado las obras, ya estaríamos inundados de demandas.
“Esta situación explica el motivo por el cual los trabajos del NAIM siguen su curso, a pesar de la anunciada cancelación”, puntualizó.
El proceso judicial tendría como parte demandante a los tenedores de bonos que fueron ofertados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México —empresa paraestatal controlada por ASA— y adquiridos a través de la Bolsa de Valores de Nueva York.
El uso del sistema bursátil estadunidense es lo que otorga competencia jurisdiccional al juez de Nueva York, incluso al amparo de convenciones internacionales de las que México forma parte.
La fuente nos explicó “la litis”: el propio oferente de los bonos colocados y enajenados (El GACM) que recabaron, dice, hasta 13 mil 500 millones de dólares, será la fuente de repago de los títulos.
“Eso no sólo tipifica de manera meridiana la figura de fraude civil, sino que adicionalmente tiene implicaciones punitivas de daños y perjuicios que normalmente rebasan en más del 100 por ciento el monto principal inherente al reclamo. Estaríamos hablando de más de 27 mil millones de dólares en reclamo”, puntualizó.
En el extranjero siguen el caso con lupa. Los expertos en riesgos de inversión del Grupo Eurasia, con presencia en cuatro continentes, dieron a conocer un reporte, firmado por Daniel Kerner.
El documento dice que el anuncio del gobierno mexicano muestra la voluntad de minimizar el impacto negativo en los inversores, “pero también que realmente no tenían un plan cuando anunciaron la cancelación”.
Y más: “Una de las razones por las que López Obrador decidió cancelar el Aeropuerto de Texcoco fue para evitar continuar pagando un proyecto que no quería y liberar recursos para otras prioridades.
“Esto aumenta el riesgo de que no haya mucha disposición para pagar a los tenedores de bonos en su totalidad u ofrecer términos atractivos, ya que el gobierno podría tratar de usar esos recursos para otros fines, como la reconfiguración del aeropuerto de Santa Lucía.
“El GACM tiene aproximadamente 5.8 mil millones de dólares en su fideicomiso, lo que podría cubrir los pagos de los bonos, pero es probable que el gobierno necesite parte de estos recursos para pagar a los contratistas involucrados en el proyecto”, puntualiza.
“La nueva administración será reacia a utilizar los recursos del presupuesto de 2019 para compensar a los inversores, aunque, podría verse obligada a hacerlo”, remata Eurasia.
Los 43 normalistas de Ayotzinapa no están desaparecidos. Los asesinaron. Lo sabe AMLO, lo sabe Alejandro Encinas, lo sabe Vidulfo Rosales, abogado de los padres, lo saben los familiares de las víctimas. Lo saben los ciudadanos.
¿Para qué autoengañarse con la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”?
Con el cambio del régimen se redujo casi a cero la rentabilidad política del caso que puso a México en la tribuna de horror, y que marcó un negativo punto de quiebre en el sexenio de Peña Nieto.
Y es que ha dado tanta raja política que hasta los panistas utilizaron la barbarie ocurrida en Iguala en el 2014 para manifestarse en la toma de protesta de López Obrador. Contaron del uno al 43 en presencia del presidente saliente.
AMLO firmó ayer el decreto para crear la “Comisión de la Verdad” en el caso Ayotzinapa. Fue el primero como Presidente. Esa Comisión no los va a devolver vivos. Puede, eso sí, confirmar o desmentir la llamada “verdad histórica” —la CNDH lo hizo a medias— según la cual los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas en el río Santiago.
Paco Ignacio Taibo se salió con la suya. No sabe si ya se publicó el edicto que lo hace encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica —cree que sí—, pero, por lo pronto, ya tomo “control del aparato”. AMLO lo nombró gerente Editorial encargado del despacho del director del FCE.
Por lo menos, es lo que presumió ayer al llegar a la sede del FCE “para la transición”. Esto, mientras se modifica obsoleta la Ley que impide al escritor, nacido en España, ser director del FCE. Otra vez, la misma receta. Si las leyes no se adaptan a la voluntad de un solo hombre, les dan la vuelta.