Ante la controversia que gira en torno a la decisión de Alfonso Martínez de implementar un sistema de fotomultas en Morelia, los diputados federales Daniela De Los Santos y Marco Polo Aguirre coincidieron en que la falta de información ha generado tal incertidumbre y polarización que ya parece más un capricho que un proyecto viable.
Ambos representantes populares refirieron que durante sus recorridos en las diferentes colonias de Morelia se han podido dar cuenta de que la gente poco conoce el sistema y el tipo de infracciones que pueden ser sancionadas, pero sí existe temor de que una empresa privada expida multas y las cobre con el respaldo del Ayuntamiento en contra de la ciudadanía.
Daniela De Los Santos destacó que aún existen demasiadas dudas, no sólo sobre el funcionamiento, las posibles fallas técnicas o las inconsistencias legales, sino en torno a la premura que priva por implementar las fotomultas sin contar con datos o cifras que las sustenten, ni siquiera con antecedentes de solicitudes ciudadanas en ese sentido, como las que sí existen respecto a tantos temas pendientes en la capital del Estado, uno de ellos la inseguridad.
Por su parte, Marco Polo Aguirre lamentó que Alfonso Martínez concentre todo su esfuerzo unilateralmente en una idea de este tipo ante la ola de críticas que ha generado, provocando aún más dudas respecto a los verdaderos motivos que pudieran estar detrás de esta situación, siendo que actualmente las fotomultas no representan una medida prioritaria para Morelia.
Los legisladores federales recomendaron al edil estudiar con tranquilidad el tema, publicando previamente toda la información técnica y de operatividad, costos, contratos, plazos, objetivos y metas estadísticas a cumplir, tanto en la disminución de accidentes, como en el ingreso que por concepto de multas se generaría.
Además, instaron a atender las opiniones que se han vertido por parte de instituciones públicas como el Poder Legislativo, cuyos integrantes ya se han pronunciado formalmente y que, al igual que Alfonso Martínez, fueron electos por la ciudadanía como sus representantes.
Sobre todo, sugirieron escuchar a la gente, actores sociales, grupos de profesionistas y empresarios locales que podrían aportar diferentes puntos de vista y consolidar una solución, además de que resultaría ideal que en caso de resultar procedente, fuera una empresa local quien instale y opere el sistema a fin de que los recursos generados se queden en la entidad.