MCCI: Contrato de espionaje ligado a Álvarez Puga, fue otorgado por gobierno silvanista
Según MCCI, Álvarez Puga adquirió esta propiedad en 2019 por 4.9 millones de dólares. Foto: Especial

La investigación de MCCI revela un contrato de espionaje en Michoacán durante gobierno de Silvano Aureoles vinculado a Álvarez Puga, destacando la adjudicación directa de 600 millones de pesos.

Ciudad de México.- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado una investigación impactante sobre un contrato de espionaje de 600 millones de pesos que abarca todas las direcciones IP de Michoacán.

La investigación de MCCI detalla: “Un contrato millonario de espionaje ligado a Víctor Manuel Álvarez Puga, otorgado por el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, derivó en la cesión de un rancho de lujo en Florida a un subordinado del exsecretario de Finanzas, quien firmó el contrato.

La transferencia del inmueble se dio ocho meses después de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunciara en noviembre de 2021 que la administración de Silvano Aureoles otorgó un contrato de espionaje a una empresa de Álvarez Puga.

El rancho se ubica en el número 4985 de la calle Stables Way, en Wellington, Florida, de las capitales ecuestres del mundo. Tiene más de 15 mil m², caballeriza para 12 caballos, seis potreros, pista de equitación, alberca con jacuzzi y siete habitaciones con acabados de lujo”.

Contrato de espionaje ligado a Álvarez Puga, fue otorgado por gobierno silvanista
En febrero de 2017, el Gobierno de Michoacán otorgó contrato a la empresa Integra Software SA de CV. Foto: MCCI

Según MCCI, Álvarez Puga adquirió esta propiedad en 2019 por 4.9 millones de dólares. El rancho fue transferido a través de un mecanismo que permite ceder derechos sin transacciones financieras visibles.

En febrero de 2017, el Gobierno de Michoacán otorgó un contrato por más de 600 millones de pesos a la empresa Integra Software SA de CV mediante adjudicación directa. MCCI señala que el gobierno de Silvano Aureoles acordó pagar 34.7 millones de dólares por un software “único en el mundo”. El documento fue firmado por Carlos Maldonado Mendoza, entonces secretario de Finanzas, y Raúl García Palacios, director de asuntos jurídicos del despacho Álvarez Puga y Asociados.