Morelia, Michoacan.- El gobierno estatal violó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, pues falsea y esconde la información completa en torno a los montos que invierte para la renta de helicópteros en los que se desplaza el mandatario, Silvano Aureoles Conejo, al interior y al exterior del estado.
De acuerdo con documentos oficiales en poder de Contramuro, el Gobierno de Michoacán aseguró que erogó en un año, 481 mil 284 pesos en la renta de helicópteros para los traslados del mandatario estatal, sin embargo, de acuerdo con una factura expedida a la empresa GPM Areoservicio S.A. de C.V., dicho monto corresponde al gasto de un mes, y es solo por el uso de 7 horas con 41 minutos.
No obstante, el Despacho del Gobernador, a través de la Secretaría Particular, presentaron una cotización ante el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (Cadpe), de una inversión de 2 mil 600 dólares por hora de vuelo, es decir, alrededor de 46 mil pesos, para el arrendamiento de dos aeronaves contratadas con la empresa Corporativos Aéreos de la Laguna S.A. de C.V., y 3 mil dólares por hora de vuelo, equivalentes a aproximadamente 54 mil pesos, contratado con la empresa GPM Areoservicio S.A. de C.V., lo que suma un total de 146 mil pesos por tres helicópteros.
En la propuesta de contratación presentada al pleno del Cadpe, se argumenta la licitación por “adjudicación directa” a las empresas mencionadas, pues en el documento con número de oficio 0143, se justifica que la finalidad de la renta de las aeronaves tiene por objeto actividades de seguridad pública.
Con base a lo anterior, en el texto se plasma, “en términos de las disposiciones mencionadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, un procedimiento de licitación pública debe permitir la libre concurrencia de cualquier persona, lo cual, en la contratación que nos ocupa resulta inconveniente a las cuestiones específicas en materia de seguridad pública que lleva implícitas, por lo que es imprescindible que se instrumenten estrictas medidas de reserva, discreción y confidencialidad en los procedimientos para su formalización”.
A partir de ello, la autoridad estatal justifica las “medidas de reserva, discreción y confidencialidad” de la contratación del servicio, son pretexto de un uso para acciones de seguridad pública.
En el caso de los dos helicópteros rentados a la empresa Corporativos Aéreos de la Laguna S.A. de C.V., se trata de aeronaves modelo AS350 B3 “Evolution”, con configuración ejecutiva y capacidad para 5 pasajeros, con alcance de 830 kilómetros sin recarga de combustible y soporte para mil 350 kilogramos.
En el caso del helicóptero contratado con GPM Areoservicio S.A. de C.V., se trata de un vehículo modelo BELL-205 H-1H, para uso ejecutivo y capacidad para 8 pasajeros y dos pilotos, con soporte para mil kilogramos y un alcance de 556 kilómetros sin recarga de combustible mínimo.
La carta compromiso de pago a las empresas, fechada el 21 de enero del 2016, bajo el número de oficio DG/CADG/069/2015, está firmada por María del Rosario Cruz García, coordinadora administrativa del Despacho del Gobernador, y está dirigida a Guillermo Loaiza Gómez, director del Cadpe, además de que los contratos con ambas empresas suponen el pago por anticipado de un mes.
Así pues, la suma del arrendamiento de estos tres helicópteros, por usarlos una hora, es de 146 mil pesos, de manera que bajo el supuesto de que el mandatario estatal se valiera de su uso una hora diaria, durante un mes, por estas tres unidades, el monto que erogaría el Ejecutivo estatal sería de 4 millones 380 mil pesos, aproximadamente.
Sin embargo, a través de una solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se pidió al Despacho del Gobernador, la Secretaría Particular del Gobernador, el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, la Coordinación General de Gabinete y Planeación, la Secretaría de Finanzas y Administración, y la Secretaría de Gobierno, se aclarara el monto total de lo invertido a la renta de los helicópteros, durante el periodo del 1 de octubre del 2015 (fecha en que asumió el poder Silvano Aureoles) hasta el 28 de diciembre del 2016, la respuesta tan solo fue emitida por las dos primeras dependencias del Ejecutivo de la entidad.
La respuesta emitida por el Despacho del Gobernador, con el número de oficio STG/049/2017 y registrada con el número de folio INFOMEX MICHOACAN 00543516, señala “Del 1 de octubre al 30 de septiembre del 2016 (fecha en que la Dirección de Servicios Aéreos reanudó sus funciones en la Secretaría de Finanzas y Administración), se ha cubierto por concepto de arrendamiento de aeronaves, por parte de esta Unidad Administrativa, la cantidad de $481,284.00, lo que equivale a 7:41 horas vuelo, a la empresa GPM AEROSERVICIOS S.A. DE C.V., los gastos por concepto de turbosina fueron por un total de $289,166.80, pagados al Organismo Descentralizado ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares)”.
Y agrega, “respecto a las bitácoras de los vuelos, se hace de su conocimiento que son responsabilidad de Dirección de Servicios Aéreos, adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que la información se encuentra en poder de esa Unidad Administrativa, por lo que se le aconseja, dirigir su petición a la Secretaría antes mencionada”.
En relación a tal respuesta emitida por el Despacho del Gobernador, se demuestra la imprecisión, toda vez que la información requerida sólo contempló del 1 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2016, y no hasta el 28 de diciembre del mismo año, conforme se solicitó.
Además, la información otorgada por el Despacho del Gobernador es falsa o imprecisa, pues los documentos en poder de Contramuro evidencian que el Ejecutivo de la entidad, contrató los servicios de las 3 aeronaves por un monto total, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, de 146 mil pesos por hora de vuelo, que contrasta con los 481 mil 284 pesos que la dependencia mencionada asegura se erogaron en un periodo del 1 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2016.
La falsedad de la información se evidencia también, a través de la factura con número de comprobante C178, en la que se revela que los 481 mil 284 pesos, tan sólo fueron saldados a la empresa GPM Areoservicio S.A. de C.V., por la renta de un helicóptero, en el periodo del 22 de abril del 2016 al 22 de mayo del mismo año, es decir, en un mes, y con un total de 7 horas con 41 minutos de vuelo, y no por un año como el Despacho del Gobernador relata en su respuesta a la solicitud interpuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La respuesta emitida por el Despacho del Gobernador, también asegura que, en el periodo del 1 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2016, se erogó una suma de 289 mil 166 pesos con 80 centavos, pagados al Organismo Descentralizado ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares).
El pasado 16 de enero, el gobernador, Silvano Aureoles Conejo anunció un ahorro de los 354 millones de pesos, a través del Acuerdo de Eficiencia en el Gasto Público y Fortalecimiento a la Economía Familiar, como medida de austeridad ante el incremento del 20 por ciento al precio de los combustibles.
En aquella ocasión, el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, desestimó lo erogado por el Ejecutivo de la entidad en la renta de los helicópteros, pues declaró, “pues mira, el dato no lo traigo ahorita de memoria, con mucho gusto te lo puedo dar si me buscas en mi oficina, pero tampoco es lo que resuelve el presupuesto del estado, la idea es buscar economías en todas esas áreas de oportunidad y esa es otra, seguramente”.
En cuanto a la solicitud de desglose de los montos invertidos mensualmente, y el número de ocasiones que el mandatario estatal uso las aeronaves para desplazarse al interior y al exterior del estado, conforme a su agenda de actividades, la respuesta emitida fue que “las bitácoras de los vuelos, se hace de su conocimiento que son responsabilidad de Dirección de Servicios Aéreos, adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración”, y añade, “se le aconseja, dirigir su petición a la Secretaría antes mencionada”, sin embargo, tal dependencia declaró en la respuesta emitida a este medio de comunicación, que tal petición de información era “reservada”.
Por su parte, el Cadpe, a quien también se le solicitó la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, respondió, “en atención a su solicitud, nos permitimos informarle a usted, que este Comité no es poseedor de la información solicitada, motivo por el cual le sugerimos referirse al área correspondiente, esto con la finalidad de llevar a cabo la atención a cada una de sus preguntas descritas”.
No obstante, los documentos mencionados por este medio informativo, revelan que el Cadpe avaló la contratación de los helicópteros, de manera que evitó publicar la información requerida.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial el 18 de mayo de 2016, sugiere, en su capítulo primero “Disposiciones Generales”, en el artículo segundo, párrafo cuarto, “garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del gobierno, transparentando el ejercicio de los recursos públicos y la gestión pública, a través de un flujo de información oportuna, eficaz, verificable, inteligible e integral”.
Y añade en el párrafo sexto del mismo artículo, “asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la generación de información sobre sus indicadores de gestión y del ejercicio y manejo de los recursos públicos, mediante la publicación completa, veraz, oportuna, confiable y comprensible a todas las personas”, de manera que ello demuestra la violación a dicha norma por parte del Gobierno de Michoacán en torno a este asunto.