Morelia, Michoacán.- El gobierno de Michoacán ha omitido orientar el dos por ciento del presupuesto estatal a programas que beneficien a las personas con discapacidades.
De acuerdo con la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, toda dependencia gubernamental está obligada a ceder el porcentaje presupuestal antes referido, para impulsar acciones que resulten benéficas para el sector aquí expuesto.
No obstante, a dos años de que la presente administración inició funciones, se ha ignorado dar cumplimiento a una disposición que se encuentra enmarcada en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Al menos así lo señaló el director del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, Alberto Hernández Ramírez, quien subrayó que, “todavía se está caminando en esa parte”, reconociendo con ello que existen pendientes en torno al tema aquí planteado.
De manera específica, la ley antes mencionada refiere que, “los gobiernos municipales y los órganos autónomos del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus competencias y en los casos aplicables, establecerán los programas y realizaran las acciones prioritarias que garanticen la eficaz atención y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, para ello reservarán como mínimo el 2% de su presupuesto”.
Incluso, al aprobarse en 2014 se estableció un plazo de dos años para que el gobierno del estado cumpliera con dicha normativa, sin embargo, Hernández Ramírez reconoció que no se ha considerado del todo.
En defensa a sus argumentos, subrayó que mediante el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia se está trabajando en la creación de plataformas que permitan emplear en el sector gubernamental a quienes se enfrentan a una discapacidad.
De esta manera, se puso en evidencia que el gobierno en turno ha omitido cumplir con lo establecido en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, pese a haber sido aprobada en 2014.