El gobierno de Michoacán defiende el alza al transporte, manteniendo la tarifa oficial en 11 pesos pese a una suspensión provisional.
El Gobierno de Michoacán reafirmó que la tarifa oficial del transporte público colectivo continúa siendo de 11 pesos, pese a la suspensión provisional otorgada a un particular que impugnó el incremento.
A solicitud expresa, el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) informó a Contramuro que dicha medida judicial no afecta la vigencia general del decreto publicado en el Periódico Oficial.
El Instituto, encabezado por María Elena Huerta Moctezuma, informó que la resolución judicial sólo aplica al promovente del juicio de amparo, sin invalidar el ajuste tarifario aprobado por el Ejecutivo estatal.
El Instituto subrayó que la suspensión es provisional y forma parte del curso ordinario del proceso legal.
El juicio fue promovido por el académico Jorge Álvarez Banderas, quien alegó afectaciones directas como usuario del servicio de transporte público en combis, tras el alza de 10 a 11 pesos.
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materias Administrativa y de Trabajo resolvió, por mayoría, concederle la suspensión, bajo el argumento de que acreditó interés suspensional.
El Instituto del Transporte defendió que el acuerdo de incremento está legalmente sustentado en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, la cual faculta al Instituto a realizar estudios técnicos y emitir tarifas sin requerir la firma del gobernador ni del secretario de Gobierno.
El organismo afirmó que responderá en los plazos legales para respaldar la validez del decreto impugnado.
En medio del proceso judicial, el sector transportista se ha deslindado públicamente de la autoría de la solicitud de incremento, lo que ha generado confusión en el servicio.
En la práctica, el cobro de la tarifa varía entre rutas y operadores: algunos choferes exigen 11 pesos, mientras que otros continúan cobrando 10, generando un escenario de desorden tarifario.
Aunque la autoridad sostiene la validez del alza, el desacoplamiento entre la norma y su aplicación ha provocado incertidumbre entre los usuarios del transporte, que se enfrentan a un sistema con reglas no claras y criterios distintos según la unidad que aborden.