Morelia, Michoacán.-Al sector gubernamental no termina por agradarle el trabajo que desempeña el periodista en Michoacán, pues en él se concentra un 60 por ciento del total de agresiones registradas a comunicadores, reveló el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano.
En un acercamiento con comunicadores locales, el ombudsman local reconoció que lejos de disminuir, la violencia hacia el trabajo que desempeña el comunicador en Michoacán, “sigue creciendo”.
“Hubo un incremento en las agresiones, logramos sensibilizar a las autoridades para que permitan a los periodistas realizar sus funciones, pero lamentablemente se siguen presentando casos de violencia”, refirió omitiendo precisar el número de quejas que han llegado a la CEDH por esta situación.
Ante cuestionamientos, Serrato Lozano puntualizo que, del total de quejas registradas, un 60 por ciento recae en agresiones cometidas desde el sector gubernamental; mientras que el 40 por ciento restante se le atribuye al crimen organizado.
Bajo este escenario, el presidente de la CEDH resaltó la necesidad de que el Congreso de Michoacán trabaje en impulsar iniciativas que velen por la seguridad del comunicador local.
En el mecanismo de seguridad requerido, dijo, sería necesario equipar a todo periodista en riesgo de agresiones con chalecos antibalas, autos blindados e incluso ofrecer reguardo en casas de refugio
Recordó que este mismo mecanismo, contemplado a nivel federal, ofrece respaldo a un total de 500 comunicadores y defensores de derechos humanos que de alguna u otra manera se encuentran en riesgo.
¿Y Adame..?
En otro orden de ideas, Serrato Lozano reconoció que hasta el momento no existen pruebas efectivas para esclarecer el caso del ex director del canal 6TV de Nueva Italia, municipio de Múgica, Salvador Adame Pardo, de quien se encontraron sus restos calcinados en la Barranca del Diablo el pasado 26 de junio.
“Hubo una situación lo de Adame, se quedó en confusión sobre si era competencia de la PGJE o si lo atrajo la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada. Nosotros tenemos un expediente aún abierto y de lo que le solicitamos a las autoridades es agotar aún la línea de investigación para que se investigue si Adame fue privado de la vida por informar como comunicador”.
Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que ha efectuado 700 diligencias, entre entrevistas, informes, estudios genéticos, y demás actos, para esclarecer el homicidio de Adame Pardo, desde que se denunció su desaparición el pasado 18 de mayo.
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A la par, hace unos días la PGJE dio a conocer que se establecerán tres mesas de trabajo con los familiares del comunicador finado, a fin de que se obtengan elementos suficientes como para aterrizar la investigación en resultados efectivos.
Bajo este panorama, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos urgió la necesidad de que el Congreso trabaje en el desahogo de la iniciativa que tiene por objeto blindar la integridad del periodista, pues se reconoció que las agresiones hacia el comunicador continúan siendo una constante en la entidad.