La SCJN confirma que Grupo Salinas pagará 51 mil millones al SAT. La notificación se realizará en enero de 2026.
Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que Grupo Salinas deberá abonar 51 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) tras agotar todas las vías legales. Según informó Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, la notificación oficial de este requerimiento se llevará a cabo en enero de 2026, durante una conferencia matutina en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que este asunto es “un tema estrictamente legal, jurídico y administrativo”, y aseguró que su gobierno actuará conforme a la ley. “Lo resolvió la Corte, y el SAT hará la notificación en enero”, afirmó.
Sheinbaum explicó que, según el Código Fiscal de la Federación, las empresas implicadas podrían solicitar descuentos o ajustes conforme al marco legal vigente. No obstante, aclaró que si no se realiza el pago voluntario, se procederá conforme a los mecanismos legales establecidos.
El SAT recordó que la obligación de contribuir al gasto público está estipulada en el artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución, por lo que instó a Grupo Salinas y a sus empresas a realizar el pago correspondiente.
El conflicto fiscal se originó en 2013, cuando el SAT detectó adeudos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios 2008 a 2013. Durante más de una década, la empresa impugnó las determinaciones, pero este año la SCJN rechazó los últimos recursos presentados, confirmando las resoluciones de los tribunales anteriores.
Con el fallo firme, la autoridad fiscal tiene luz verde para emitir el requerimiento de pago en enero de 2026. Una vez notificada la resolución, comenzará el plazo para que Grupo Salinas realice el pago voluntario o gestione los descuentos previstos por ley.
La Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública —a través del área anticorrupción— supervisan el cumplimiento del proceso para asegurar transparencia y legalidad.
Este caso representa uno de los cobros fiscales más significativos en la historia reciente del país y refuerza la postura del gobierno federal sobre la obligación de todas las empresas de cumplir con sus compromisos tributarios.