Foto: Raúl Tinoco

Gracias a un amparo que presentaron en conjunto alrededor de 300 empleados del estado de Michoacán, se logró un histórico revés legal y ahora el gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo deberá regresar “varios millones de pesos”, principalmente a trabajadores de la educación, además de que se tienen otros amparos colectivos en espera de resolución, informaron los especialistas en derecho administrativo que llevan los casos, Erik López Villaseñor y Eulalio Bazán Bazán.

 

En entrevista con Contramuro, señalaron que en el actual gobierno estatal se determinó incrementar gradualmente los descuentos a los trabajadores, por concepto de pensiones civiles. Es decir de un cinco por ciento hasta 11 puntos porcentuales, lo que representaba un daño patrimonial real desde que se inició y por los siguientes tres años.

 

Es cierto, dijeron, que a través de pensiones civiles se financían créditos, pero la dependencia estaba prácticamente en quiebra debido a movimientos poco profesionales, así que lejos de recapitalizarla con otros fondos, se determinó hacerlo con aportaciones de los propios trabajadores, es decir, metiendo mano al bolsillo de los empleados.

 

Lo anterior, explicaron López Villaseñor y Bazán Bazán, se consideró ilegal, antiético e inconstitucional ya que no dejaba de ser un impuesto y por lo mismo se presentaron varios amparos colectivos. El primero de ellos que aglutina alrededor de 300 trabajadores ya tuvo resolución por el Juez Segundo de Distrito a favor de los trabajadores y por lo tanto les deberán regresar los descuentos que se les hicieron en los últimos tres meses.

 

Los abogados señalaron también que están a la espera de que sean resueltos otros dos amparos colectivos, uno en el que están alrededor de 200 trabajadores y uno más con 100 empleados. Además de señalar que seguramente podrían recurrir a este tipo de procedimientos quienes aún no se han amparado.

 

Hay que recordar que este amparo que ya tuvo solución a favor de los trabajadores del estado se presentó en febrero de este año y la resolución por el Juez Segundo de Distrito se dio el 28 de junio pasado, con el número 334/2016.

 

En caso de que el gobierno estatal incumpla con reintegrarles los recursos, los quejosos pueden presentar una solicitud de ejecución de amparo.