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Morelia, Michoacán.- Aida Sagrero y Graciela Carmina Andrade García Pelaez, quienes se desempeñaron como secretarias de Educación del Estado (SEE), durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel, fueron inhabilitadas por tres años por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), órgano fiscalizador que las obligó a reponer un monto de 80 millones de pesos presuntamente desviados, a través de la asociación “Más por Michoacán”.

De acuerdo con un medio de comunicación nacional, la ASM encontró diversas irregularidades en los informes del ejercicio del monto señalado y otorgado a la fundación “Más por Michoacán”, operada por María Auxilio Flores García, esposa del exdiputado local y dirigente estatal del PT en los ultimos 14 años, Reginaldo Sandoval Flores.

En ambos casos, según la ASM, las exfuncionarias cuentan con los tiempos legales para impugnar los resolutivos sancionatorios del órgano fiscalizador.

Aída Sagrero se desempeñó como titular de la SEE por alrededor de 17 meses de la administración de Godoy Rangel, en tanto que Graciela Andrade ocupó el cargo el resto del gobierno del perredista.

Actualmente, Graciela Andrade opera para Morena como delegada estatal de dicho partido político liderado por Andrés Manuel López Obrador y con el que simpatiza, Reginaldo Sandoval.

Por su parte, Aída Sagrero está identificada por su activismo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), previó a ocupar el cargo como titular de la SEE.

La fundación “Más por Michoacán” es una organización a través de la cual, la familia de Reginaldo Sandoval gestiona recursos para el mantenimiento y operatividad de 12 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), que funcionan en 9 municipios y qur atienden a 2 mil menores de edad, quienes reciben la educación inicial y prescolar, por un total de 500 empleados en ellas.

De acuerdo con el portal electrónico del PT en Michoacán, Sandoval Flores y su esposa, laboran como coordinadores estatales de los Cendi, en tanto que la actual diputada local del PT, Brenda Fraga Gutiérrez, funge como supervisora estatal.