Introspectiva pública
Introspectiva pública

Morelia, Michoacán.- Michoacán y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) van juntos, pero no revueltos, en la atención al derecho humano universal y fundamental para la preservación de la vida: el acceso a la salud, específicamente, de quienes no cuentan con seguridad social ni con los recursos para cubrir los gastos derivados de sus padecimientos.

Públicamente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ya le dio el “sí” a la política federal en la materia, que garantiza servicios médicos gratuitos a la población no derechohabiente de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, función que hasta el año pasado correspondía al extinto Seguro Popular, previa afiliación.

Pero, a diferencia de los mandatarios emanados de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Revolucionario Institucional (PRI), Aureoles Conejo aceptó la adherencia al INSABI mediante la modalidad no centralizada, es decir, que conserva la rectoría del sistema estatal de salud, el cual continúa administrando y operando.

Lo anterior, al reconocer que la entidad adolece de déficit de personal médico, en mayor medida de especialistas, ante la inmensa demanda que existe. Y que, en consecuencia, debe velar por sus garantías laborales.

Sin embargo, decidió no entregar la infraestructura física, dignificada al 100 por ciento, y que en 2015 recibió en condiciones deplorables; por ejemplo, en Tingüindín, el centro de salud operaba en el rastro porque, al igual que en ciudades estratégicas como Lázaro Cárdenas, el inmueble destinado a albergarlo fue abandonado por anteriores administraciones en obra negra.

Tampoco accedió a entregar los recursos económicos, luego de lograr el abasto de medicamento y ponerse al corriente de los pagos pendientes en el sector.

Así, en palabras del propio director del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, Michoacán se encuentra entre los tres estados a nivel nacional que cuentan con mejores servicios de salud.

Y por eso, sí hay consenso con el Presidente de México, para garantizar lo que a la gente corresponde por derecho y que no debe ser un privilegio.