foto: Raúl Tinoco

La inversión que el Ayuntamiento de Morelia pretende destinar a la privatización del Alumbrado Público de la capital le costará a la ciudadanía mil 80 millones de pesos, mismos que serán subsidiados a través del impuesto por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) al paso de diez años.

Si bien el proyecto que dará pie a la renovación del Alumbrado Público se mantiene estático, cada vez toma mayor fuerza la intención de reemplazar las 68 mil 460 luminarias que existen en la ciudad, bajo un millonario costo que correrá a cargo de la ciudadanía.

Para consumo de nuestros lectores, es importante recordar que desde el pasado 22 de marzo el Ayuntamiento anunció que se buscaría reemplazar la luminaria de la capital por equipos LED, con la intención de alcanzar hasta un 60 por ciento de ahorro por consumo de energía.

Desde aquella fecha, el gobierno que dirige Alfonso Martínez Alcázar detalló que durante un lapso de 10 años el Municipio cubriría la inversión del proyecto mediante el impuesto por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), confirmando así que la luminaria de la ciudad sería privatizada a través del pago efectivo de los contribuyentes.

A poco más de nueve meses de que esto sucediera, el gobierno de línea independiente no ha quitado el dedo del renglón, y este lunes el secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento, José Luis Gil Vázquez expuso que al menos 26 empresas se han mostrado interesadas en hacerse cargo del proyecto.

La nutrida participación no es de sorprender, pues mientras la empresa que llegue a ser licitada deberá invertir cerca de 200 millones de pesos, las ganancias previstas ascienden a los mil 80 millones de pesos.

 

¿De dónde sacamos la cifra?

Se habla de una ganancia de mil 80 millones de pesos, cuando José Luis Gil compartió que mensualmente el Ayuntamiento llega a recaudar cerca de 9 nueve millones de pesos a través del DAP, de manera que al año esta cifra se multiplica a 108 millones de pesos.

Bajo este contexto, de saldar el proyecto a 10 diez años mediante el impuesto por el Derecho de Alumbrado Público –tal y como lo anunció el presidente, Alfonso Martínez Alcázar-, la ganancia para la empresa licitada se elevaría a mil 80 millones de pesos, en apego a lo señalado por las propias autoridades municipales.

Así es, mientras el proyecto se podría cotizar en 200 millones de pesos, el pago a la empresa licitada sería de aproximadamente mil 80 millones de pesos, es decir, 880 millones de pesos más, en relación a la inversión que deberá realizar la compañía en electrónica que resulte licitada.

Aunado a ello, el funcionario entrevistado puntualizó que la empresa que pretenda hacerse cargo de la renovación del Alumbrado Público en Morelia, deberá invertir otros cinco millones de pesos, puesto que a dicho monto asciende la indemnización de la compañía que actualmente se está haciendo cargo del servicio.

Esto, puntualizó, se requiere para cerrar el convenio que se tenía con la empresa Sofimex –la cual se encargaba de la luminaria en la capital-, de manera que la compañía que pretenda negociar con el Ayuntamiento tendrá que cubrir un costo por indemnización que asciende a la cantidad previamente citada.

Foto: Raúl Tinoco
Foto: Raúl Tinoco

Ante este panorama, José Luis Gil Vázquez informó que el Ayuntamiento de Morelia está trabajando en los últimos detalles jurídicos del proceso licitatorio que se pretende lanzar; sin embargo, al momento son ya 26 las empresas que se han mostrado interesadas en renovar las 68 mil 460 luminarias que existen en la ciudad, pues actualmente más del 75.74 por ciento son lámparas de vapor de sodio de alta presión que son altamente contaminantes y que además no son eficientes, el 14.84 por ciento son lámparas de inducción magnética, el 5.59 por ciento son de aditivos metálicos, el 2.04 por ciento pertenece a lámparas fluorescentes y sólo el 1.43 por ciento son de tipo LED.

“El último paso lo tenemos en la parte jurídica, yo espero que en este mes lo podamos entregar para poder mandar el proyecto a la Secretaría de Administración”, remató el encargado de la Secretaría de Servicios Públicos.