Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz del gobierno de España, por difamación tras ser acusado de abusos sexuales y esclavitud. Exige una retractación pública e indemnización.
España.-Julio Iglesias ha tomado medidas legales contra Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, por declaraciones que considera difamatorias. El abogado del cantante, José Antonio Choclán, presentó una demanda de conciliación en los tribunales de Madrid el 24 de febrero.
Las acusaciones que originaron esta demanda se deben a un comentario que Yolanda Díaz publicó el 13 de enero de 2026 en la red social Bluesky (@yolandadiaz.bsky.social). Allí, Díaz compartió una noticia titulada “Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales” y añadió: “Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
El 14 de enero de 2026, Díaz amplió estas afirmaciones en el programa ‘La Hora de la 1’ de RTVE, acusando directamente al cantante de un régimen de abusos sexuales y esclavitud laboral.
El abogado Choclán solicita que la vicepresidenta rectifique públicamente, reconozca el carácter injurioso de sus palabras, admita que hubo un juicio paralelo indebido y compense a Julio Iglesias con la cantidad que el tribunal determine por el daño a su honor y reputación.
La defensa de Iglesias califica las declaraciones de posibles delitos de injurias y calumnias. Si Díaz no acepta la conciliación ni se retracta, Iglesias podría presentar una querella penal.
En caso de que los tribunales fallen en contra de Díaz, podría enfrentar multas, retractación pública, indemnización por daños al honor y, en casos graves, penas de prisión o inhabilitación. La mayoría de estos casos se resuelven con multas y retractación.
Las declaraciones de Díaz se basan en una investigación periodística de enero de 2026, donde dos extrabajadoras acusaron a Iglesias de abusos sexuales y un ambiente de coerción en sus residencias en República Dominicana y Bahamas, con hechos ocurridos en 2021.
Una ONG presentó una denuncia en España, pero la Fiscalía archivó el caso por falta de jurisdicción, ya que los hechos ocurrieron en el extranjero. Iglesias negó las acusaciones en un comunicado, calificándolas de falsas.
Esta demanda de conciliación marca un nuevo desarrollo en el caso, centrado ahora en las declaraciones de una alta funcionaria del gobierno español.