Fue la tarde de este lunes que se aprobó en el pleno Legislativo de Tabasco, la ya conocida como “Ley Garrote”
Ciudad de México.- “Corregir un vicio” que era común en Tabasco, como la obstrucción de obras y vías de comunicación en perjuicio de Petróleos Mexicanos, así como a otras empresas y al propio gobierno estatal, es el fin que justifica la ya conocida como “Ley Garrote”, según palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Fue durante la mañana de este lunes en la tradicional rueda de prensa, que el presidente de México, refirió que la Ley antimarchas solo busca detener las extorsiones que los manifestantes realizaban al cobrar para dejar pasar (en el caso de cuando bloqueaban vías de comunicación).
“Se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex. Se cobraban para dejar pasar 500 mil pesos a la semana. No es para reprimir libertades (esta ley), es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno”, expuso.
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El dictamen que presentó el gobernador de Tabasco, Adán López Hernández, fue votado en el pleno legislativo de aquella entidad la tarde de este lunes y aunque se modificó la propuesta inicial que buscaba hasta 20 años de cárcel a los quejosos; los diputados avalaron hasta 13 años a quienes no permitan la ejecución de obras.
Y también entre uno y ocho años a quienes obstaculicen las vías de comunicación locales de ese Estado.
Es importante mencionar, que en Michoacán los diputados desde hace dos Legislaturas han buscado una ley similar debido a las constantes obstrucciones de las vías del tren en diferentes puntos del territorio michoacano, sin que hasta ahora haya procedido algún dictamen, punto de acuerdo y/o iniciativa que contenga la propuesta.
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Ya durante el gobierno de López Obrador, a inicio de año, los profesores agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon por casi dos meses las vías férreas, lo que trajo pérdidas millonarias para la economía de la entidad y del país al tratarse de vías federales, sin embargo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, justificó entonces que no se podía actuar contra los maestros, pues ello conllevaría una represión y violación a sus derechos de libre expresión y manifestación.