Bajo el sustento de una medida cautelar, integrada en una averiguación previa penal, fue como se procedió al desalojo de los ejidatarios que desde hace ocho años habían ocupado ilegalmente predios de la isla de La Palma en el puerto de Lázaro Cárdenas, justificó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís.
Ante cuestionamientos de la prensa, el funcionario subrayó que al ser la isla de La Palma propiedad del Gobierno de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) procedió a la recuperación de 400 hectáreas de las 628 que comprenden al espacio en cuestión.
Adrián López Solís recordó que esta no es la primera ocasión en que el Gobierno del Estado intenta recuperar la isla, pues recordó que en 2014 la pasada administración procedió a un desalojo, omitiendo resguardar la zona para que ésta no volviera a ser ocupada de manera ilegal.
“Lamentablemente se dejó el perímetro de la isla sin el debido resguardo, y de ese tiempo a la fecha, ha habido personas que se han aprovechado de la falta de vigilancia y de manera furtiva pues han ocupado el espacio de este terreno, teniendo el Gobierno del Estado el derecho de propiedad a su favor”, dijo.
La idea de Gobierno del Estado aterriza en mantener resguardada la zona, para que sobre el transcurso del presente año se pueda impulsar la operatividad del puerto de Lázaro Cárdenas como Zona Económica Especial, utilizando a la isla de La Palma como plataforma.
En torno a si se podrían girar procedimientos penales sobre quienes hasta este jueves ocupaban la isla de manera ilegal, refirió: “tengo entendido qué hay siete juicios en el Tribunal Agrario promovidos por algunos ejidos de guacamayas que están siendo ventilados en un tribunal de Zihuatanejo, y que muchos de ellos están citados para sentencia entonces esperaremos que eso se resuelva, y lo que dicte la autoridad competente en la materia agraria lo tendremos que acatar”.