Banjército no ha dado respuesta a la solicitud de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el fideicomiso del Fondo de Transición proyectado para trabajos y actividades del entonces presidente electo.
Son 150 millones de pesos que, según López Obrador, nunca utilizó.
Ángel Ávila, miembro de la dirección colegiada del PRD, nos cuenta que desde mediados de este año puso una denuncia ante el INE por la violación del artículo 134 constitucional.
Este artículo prohíbe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, incluido el Presidente.
El Instituto la turnó al Tribunal que hizo el mencionado requerimiento al Banco del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
¿Por qué promoción personal del Presidente?
El perredista puso la denuncia basado en una investigación de su partido a los 276 representantes distritales —todos de Morena— de la estructura denominada Servidores de la Nación.
La investigación concluyó que esos recursos fueron utilizados en 11 programas socioclientelares del gobierno federal, entre ellos adultos mayores, mujeres, becas de bienestar, becas Benito Juárez.
“Son programas que el año que entra ocuparán 350 mil millones de pesos”, puntualizó el perredista.
Los servidores de la nación portaban chalecos que, abiertamente, decían AMLO. Eso es promoción personal.
Ya se logró que eliminaran las iniciales del Presidente, pero falta saber oficialmente dónde fue a parar el dinero del Fondo.
La estructura de los servidores de la nación es coordinada por el famoso Gabriel García, a quien Ávila califica de “mapache mayor”.
El tema implica también a la Secretaría de Bienestar, a cargo de María Luisa Albores. Hay sospechas de que facturó 19 mil chalecos a los servidores de la nación por instrucciones superiores.
“Una de las tesis que sostenemos es que los chalecos fueron comprados con recursos del Fondo de Transición”, puntualizó Ávila.
En el 2020 cambian cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Entre febrero y abril, el Comité Técnico de Evaluación deberá presentar otras tantas quintetas para enviarlas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
La Jucopo deberá elegir a un candidato por cada quinteta para someterlo al pleno del órgano legislativo. El Comité está integrado por dos representantes del Inai, dos de la CNDH y tres de la Jucopo.
Allí está la jugada. La imposición de Rosario Piedra Ibarra como ombudsperson contribuye a que aliados de la 4T tengan mayoría en el citado Comité que conforma las quintetas.
Saque usted sus conclusiones.
A Olga Sánchez Cordero, el TEPJF le dio una bofetada con guante blanco. La Ley Bonilla, que ilegalmente prolongó el mandato del gobernador de Baja California de dos a cinco años, no “pervivirá”, como vaticinó la secretaria de Gobernación.
Ya fue declarada inconstitucional por el TEPJF y se da por hecho que la SCJN hará lo propio.
El mismísimo López Obrador, quien ha evitado pronunciarse con firmeza en contra de la Ley Bonilla, aseguró ayer que respetará la decisión que tomó el Tribunal Electoral, a petición de la Suprema Corte.
“¿Se acuerdan de las concertacesiones? ¿Se acuerdan de eso?… Como estaban de acuerdo, había acuerdos en lo oscurito y luego utilizaban los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado”, dijo en la mañanera.
Por supuesto que nos acordamos. Pero también de la reciente imposición de Rosario Piedra en la CNDH y de la instrucción de no moverle una coma al presupuesto que salió de Palacio Nacional. ¿División de Poderes? Ajá.
Jaime Martínez Veloz, una de las cabezas de la resistencia contra ese engendro ilegal que prolongaba el mandato de Bonilla de dos a cinco años, celebró el fallo del Tribunal que, según él, deberá replicar la Corte.
“Bonilla está atrapado entre su ego, su ignorancia, la banda de mafiosos que lo acompaña, y un marco legal que le impedirá concretar un atraco más a las instituciones mexicanas”, escribió en Twitter.