Cuando el doctor en Derecho Sergio García Ramírez definió, en una entrevista, la corrupción como una plaga que padecemos desde hace mucho tiempo los mexicanos, para luego matizarla y considerarla una enfermedad social instalada en el sector público y privado, nos situó en una realidad: El sistema político no puede auto regenerarse y se encuentra condenado a colapsar.
El cáncer que carcome al Estado mexicano se ha visualizado gracias a un sistema normativo más exigente, como bien lo apuntó el académico García Ramírez; pero esto es insuficiente. En este contexto, nos lleva a preguntarnos si la economía de México, al igual que la de otros países latinoamericanos, podría sostenerse sin que estuviera presente la corrupción. No olvidemos que ésta opera como una especie de compensación en sociedades donde las desigualdades económicas hacen imposible la sobrevivencia de la mayoría de las personas.
De ser así, la corrupción sería una forma de vida con sus propios valores entendidos. Entonces, si se quisiera combatirla implicaría hacerlo en todos los sectores de la sociedad, pero antes tendría que lograrse una mejor repartición de la riqueza.
Por lo que respecta a nuestra nación, se encuentra consternada con la detención en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el pasado el 16 de marzo. Sin embargo, lo que indigna a la opinión en este caso no es que desviara de las arcas públicas 60 mil millones de pesos, según la Auditoria Superior de la Federación, o que en su periodo de gobierno perdieran la vida muchos comunicadores y, al mismo tiempo, se disparara la violación a los derechos humanos. Lo que no parece perdonarle es que a lo largo de su detención el ex mandatario nunca dejó de sonreír. Dejando en el imaginario el recuerdo que la justicia en México está a disposición del mejor postor.
Cientos de ejemplos se pueden citar; como los cuatro jóvenes apodados los Porkis que han librado la cárcel, a pesar de haber violado a una menor de edad. En ese nivel de podredumbre se encuentra el sistema de justicia.
En el terreno político, la caída del gobernador ha provocado una crisis interna en el tricolor; él en algún momento fue considerado el símbolo del nuevo PRI, junto con otros mandatarios, incluido el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, que gobernó el Estado de México del 2005 al 2011. Quizá lo más grave es que la corrupción se ha ligado a su forma de gobernar. Además, se encuentra en una caída en las preferencias electorales y podría perder en territorio mexiquense; su candidato a la gubernatura Alfredo del Mazo Maza rechazó tener amistad con ex mandatario Javier Duarte.
El PRI solo evitará el descalabro electoral si es capaz de vincular el fenómeno de la corrupción con todos los demás partido políticos, de este modo fomentaría el abstencionismo a tal grado que el voto duro definiría la contienda. Por eso fomenta la acusación que hizo el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes, quien dijo que Duarte de Ochoa le dio dinero a Andrés López Obrador para que operara en la entidad.
López Obrador sostiene que la detención de Duarte de Ochoa es una simulación y que el político veracruzano solo es un chivo expiatorio del sistema político. La oposición exige que se desmantele toda la red de complicidad que permitieron al ex mandatario estar prófugo y trasladarse con facilidad.
No es descabellado suponer que las autoridades federales actuaron contra Javier Duarte ante el temor que el vecino del norte lo hiciera y no tuviera control sobre lo que declarara el veracruzano, como podría suceder con el ex gobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington Ruvalcaba.