Por: Enrique Rivera Hernández
Sin duda alguna es necesario realizar el análisis acerca de una ley general de salud mental en el país, ello a colación con las distintas manifestaciones de asociaciones civiles el pasado fin de mes en la CDMX.
Buscando realizar una cronología se expone primero que el día 24 de marzo de año en curso las comisiones unidas de la cámara de senadores aprobó el dictamen de la ley general de salud mental, posteriormente el día 27 de marzo se emitió el boletín número 1268 donde se expone “el objetivo es garantizar el derecho a la población a recibir servicios de calidad en esta rama de la medicina y establecer mecanismos para promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental… el proyecto de decreto detalla que los mecanismos de coordinación interinstitucional con entes de salud, estatales y municipales, organismos sociales y privados, darán prioridad a la prevención de padecimientos en ese rubro y se sensibilizará a la sociedad sobre trastornos mentales y las alternativas de solución”, así mismo el 17 de julio la junta de coordinación política incluyo la propuesta para el periodo extraordinario y avaló llevarla al pleno del día 29 del mismo mes.
La ley general de salud mental, consta de 50 artículos y 3 transitorios; en donde se expone que quienes se encargarán de la consulta, el análisis, y asesoría para generar el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones que aplique el gobierno federal será un consejo nacional de salud mental integrado por la secretaría de salud, la secretaria de educación, el instituto nacional de salud pública, el IMSS, el ISSSTE, el DIF, el hospital psiquiátrico infantil Juan N. Navarro, y el instituto nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente; sin embargo distintas organizaciones exteriorizaron algunas inconformidades que valieron para que la discusión de la ley se retirara de la agenda en el período extraordinario.
El investigador de Human Rights Watch en temas de discapacidad Carlos Ríos externo “la propuesta solo considera a las personas con conflictos socio emocionales como objetos no como sujetos” y de la organización documenta Ángel María Salvador expuso, “apuesta por un modelo biofarmacológico, donde lo que se pretende es que las personas aspiren a la rehabilitación, que es un enfoque obsoleto”.
Mientras que Monreal expuso en un video difundido en las redes sociales “no es sano que se apruebe una ley que ya ha sido estigmatizada mediáticamente o que se pongan en entre dicho la vulneración de los derechos humanos y no se garantiza el pleno derecho de la salud mental. Sería en detrimento de todos aquellos que requieren atención adecuada”.
De tal manera que la discusión sobre la ley mencionada se pospuso a septiembre de este año, en donde se pretende escuchar todas las voces para su disertación, quedando clara la importancia de tal análisis, pues históricamente discusiones en este tema no han formado parte de la agenda política, ello en suma con las características psicológicas y sociológicas que se han venido desarrollando a nivel social en el país a partir de la pandemia.
Mencionando también que en el Estado de Michoacán desde 2014 no sean desarrollado discusiones legislativas en cuanto al tema de salud mental y posteriormente en 2018 dentro del período del actual gobernador Silvano Aureoles, se dio la desaparición del Centro Michoacano de Salud Mental (CEMISAM) presentando ello una afectación directa para la población Michoacana con padecimientos emocionales y psiquiátricos, así como una afectación general dentro del Estado a quienes pudieran llegar a padecerlos; eso sin mencionar las mínimas condiciones de atención a los posibles casos de estrés postraumáticos a partir de la pandemia actual.
Sin duda queda abierta la agenda legislativa a nivel nacional y estatal para la discusión sociológica, psicológica, psicoanalítica y psiquiátrica en cuanto al tema de la salud mental pero con expertos en la materia sin formación ideológica neoliberal que se fundamenten en los datos del banco mundial o de la OCDE.