Lázaro Cárdenas
Foto: Cortesia/Gerardo A. Herrera Pérez.

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998; a 19 nuevos años de su promulgación las autoridades continúan una deuda pendiente con las personas defensoras de los derechos humanos.

Hace unos días fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer indígena defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas; Guadalupe Campanur Tapia, activista indígena del municipio autónomo de Cherán; hoy Cherán no tiene más a Guadalupe; Cheran no está completo, le falta Guadalupe.

El Estado mexicano debe garantizar a los defensores de los derechos humanos el ejercicio de la defensa y la protección de sus derechos ante cualquier tipo de violencia y agresión que pueda poner en riesgo su vida e integridad.

Existe un mayor acoso y hostigamiento contra las mujeres defensoras de los derechos humanos que por cierto se registra a través de los medios electrónicos, donde no existe un par real contra quien ir, las redes no dan la cara humana, solo la cara electrónica de un perfil que puede ser inexistente.

En Michoacán se instaló la  Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; dicho instrumento de política pública ejecutará las labores de monitoreo y atención de casos de agresiones derivadas del ejercicio periodístico y de la defensa de los derechos humanos en Michoacán.

Por otro lado, la  protección que se genere a periodistas o defensores de derechos humanos no es ni será suficiente si no se genera una política de prevención destinada a prevenir riesgos, atender causas que generan y mantienen las agresiones, así como desarticular patrones culturales y sus responsables.

Por ello, es fundamental que se sancione a los responsables de las agresiones o delitos en contra de defensores de derechos humanos.

Por ello, se requiere que el Estado mexicano y sus estructuras de poder público: Reconozcan y visibilicen el trabajo de los defensores de derechos humanos; que sigue siendo una deuda el difundir la Declaración de las Personas Defensoras; es urgente atender la situación particular de riesgo en la que se encuentran las mujeres defensoras de derechos humanos, debido a la desigualdad estructural y violencia normalizada y naturalizada que en su contra se genera; es importante alertar las nuevas formas de opresión que buscan estigmatizar y difamar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos a través de las redes sociales; construir  modelos de atención que prevengan los ataques y abusos de que son objeto los defensores de los derechos humanos; y desde luego aplicar el mecanismo aprobada y publicado en Michoacán para la defensa de hombres y mujeres defensores de los derechos  humanos.

Deseo que la muerte de Guadalupe no quede impune, que se le dé seguimiento y se lleve a la justicia al responsable o las personas responsables y se les castigue, todo esto en el marco de coordinación para el seguimiento  de los protocolos de actuación de la Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de las autoridades de procuración de justicia y seguridad pública.

Estoy más que convencido, que la gran contribución de las personas defensoras de los derechos humanos es fundamental para la paz, la seguridad, y el pleno desarrollo de los derechos humanos de las poblaciones.