El próximo lunes se conmemoran 49 años de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México. Se cumplen al mismo tiempo 49 años de impunidad de esta terrible represión ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, sin embargo no es el único acto que ha permanecido en la impunidad.
El pasado 26 de septiembre se conmemoraron 3 años de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, mismo evento donde otros ocho civiles perdieron la vida en manos del crimen organizado en colaboración con autoridades del Estado.
Hace unas semanas se registró en Pueble el rapto y homicidio de la joven Mara Castilla, a manos de un conductor de la empresa de taxis Cabify. En este caso resulta no solo indignante sino hasta irónico que precisamente fuese el uso de una aplicación de taxis, como lo es Cabify, que supuestamente promueve el transporte seguro, lo que terminara con la vida de esta joven. Ante este caso tanto las autoridades federales como estatales respectivas, señalaron que procurarían la implementación de todo el peso de la ley ante este asesinato, sin embargo esas declaraciones no fueron suficientes para calmar la indignación social que clamaba no solo por el caso de Mara sino también por los otros cientos de casos de feminicidios que permanecen en la impunidad.
Sin duda alguna, es triste darse cuenta que el Estado mexicano ha auspiciado los actos de represión, muchas veces con resultados letales, y al mismo tiempo promovido la impunidad a los perpetradores de esos mismos actos, ya sea protegiéndolos directamente o a través de una omisión y pasividad fáctica.
Desde la matanza de león en 1948 hasta la represión en Nochixtlán en 2016, todas y cada una de las represiones y actos de violencia, únicamente se han acumulado como historias donde la impunidad y la injusticia son los grandes triunfadores.
En el México moderno los actos de impunidad como esos ya no deben permanecer así, es deber del estado mexicano a través de sus instituciones, garantizar la aplicación de la ley para traer justicia hacia los que no la respeten.
Queda claro que las actuales autoridades de México -al igual que la mayoría de las anteriores-, no tienen una voluntad real de acabar con la impunidad; en la historia reciente de México, la autoridad en turno solo actúa contra la impunidad en dos situaciones, la primera de ellas, cuando se trastoca un interés de algún alto mando de la clase política gobernante, y la segunda, cuando esta autoridad se encuentra sometida a una presión popular constante encabezada por los distintos sectores sociales.
No obstante que el estado tiene la obligación de reaccionar frente a la ejecución de algún delito, en especial si es perpetrada o apoyada por alguna autoridad del mismo estado, la desafortunada realidad es otra, por ende la sociedad civil debe mantener e incrementar la presión para que se actué contra la impunidad.
La presión social es la única forma relativamente efectiva para que las autoridades se pongan en acción, es por tanto que solo a través de las movilizaciones, protestas colectivas y otras formas eficaces de presión social, se podrá hacer que las autoridades, aun contra su voluntad, realicen el trabajo que es su obligación.
Todo esto debe estar en mente del pueblo mexicano, especialmente ahora que comenzará el proceso electoral de 2018, ya que si se pretende cambiar la deplorable situación de impunidad que existe en el país, la sociedad tiene que estar presionando a las distintas fuerzas políticas interesadas en participar en dicho proceso, para así ir planteando un esquema institucional que haga que las leyes, sobre todo en materia penal y administrativa, sean debidamente aplicadas y respetadas.
Finalmente se debe ser consciente que la impunidad permanecerá hasta que la sociedad la siga permitiendo.