Intolerancia y racismo

La política energética de la 4t y los derechos fundamentales

Por José María Estrada Martínez

“Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles
que nuestro hogar está ardiendo”
Greta Thunberg.

A casi un año de que Greta Thunberg sacudiera mediante un discurso desafiante la Cumbre de Acción del Clima de las Naciones Unidas, y en el cual, acusara a los líderes mundiales de omisión y traición frente al cambio climático que afronta nuestro planeta, las acciones alrededor del mundo para afrontar las consecuencias de ello no han sido del todo suficientes, y particularmente, en lo que toca a la reducción de emisiones de CO2.

Llama la atención que según el informe titulado Índice de Economía Baja en Carbono 2019 elaborado por la Consultoría PwC, señala que países como Alemania, México, Francia, España, Italia y Arabia Saudita, han podido reducir sus emisiones de CO2 así como otros gases contaminantes apenas el año pasado. Una reducción conseguida en gran parte por el incremento, la producción y la inversión en energías renovables.  

Para el caso específico de nuestro país, por cierto un país con economía petrolizada, es una de las naciones con mejor ranking en la materia, caso de ello, es que había invertido a lo largo de casi 10 años hasta el pasado septiembre de 2019 un poco más de 23 mil millones de dólares en las también llamadas energías verdes, esto, según el Informe Tendencias Globales en la Inversión en Energías Renovables 2019.

No obstante, el pasado 29 de abril el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Acuerdo mediante el cual se determinó el implementar una serie de acciones y estrategias para efectos del funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, de entre las cuales, el Cenace consideró el suspender a partir del 3 de mayo pasado todas las pruebas pre-operativas de centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas. Posteriormente, el 15 de mayo de 2020, se publicó también en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, emitido por la Secretaría de Energía (Sener), viniendo con ello, a apuntalar lo emitido por la Cenace.

Lo anterior, en sencillas y pocas palabras significa que el gobierno federal ha apostado a perfilar su política energética hacia el uso del carbón, y por ende, a minimizar la proyección de nuestro país para con el uso de energías renovables. Acción que sin duda ha generado un álgido debate de ideas encontradas, además de las críticas respecto a las supuestas deficiencias jurídicas del acuerdo mencionado y los amparos ya promovidos contra las medidas tomadas por la federación. Cabe puntualizar, que respecto a los mecanismos de protección constitucional, actualmente 23 empresas cuentan actualmente con la suspensión provisional por lo que no les será aplicable el acuerdo publicado el 29 de abril en el DOF de momento, además de sumarse a esta defensa legal algunas organizaciones no gubernamentales como Greenpeace.

Ahora bien, lo aprobado por ambas instancias federales en mención como actos de autoridad, y por ende, al ser interpretados desde cómo estas acciones pueden venir a contravenir la esencia de ciertos cánones constitucionales, sendas muestras de ello, es que nuestra Carta Magna en su artículo 4º estipula la obligación del Estado de proteger, preservar, promover y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mientras que el artículo 25 hace referencia a la obligación de garantizar que el desarrollo nacional sea integral como sustentable.

Por lo referido, es como consecuencia de esto, el preguntarnos sí realmente lo acordado por la Cenace y la Sener fue proporcional respecto a la limitación de energías renovables hacia el derecho fundante como fundamental a un medio ambiente sano. Es así, que lo aprobado por el gobierno federal puede tener diversas interpretaciones a la luz de la hermenéutica como de los principios de proporcionalidad y progresividad de derechos.

Para la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, nuestro país se comprometía a incrementar la participación de energías verdes en un 35 por ciento de la generación de energía para el año 2024. Es por ello, que cabe destacar que lo emitido por la Cenace y la Sener impiden sin duda el cumplimiento de los compromisos adoptados por México, lo cual, se traduce en la omisión de incrementar la protección del derecho fundamental y humano a un medio ambiente sano al favorecer el suministro de energía derivado de actividades de combustión de carbón o hidrocarburos.

Asimismo, las medidas emitidas vienen a vulnerar el principio precautorio y de prevención, al no existir una evaluación técnica del daño al medio ambiente. Asimismo, a lo que corresponde a los derechos de participación pública y de acceso a la información,  los cuales: el primero gira en torno a la idea de que toda persona debe tener la oportunidad de participar en los proceso de adopción de decisiones, en este caso, medioambientales y, el segundo, en lo que toca al acceso adecuado a la información correspondientemente.

Es así que la política energética de la 4T viene a omitir la obligación del Estado de promover, preservar, proteger y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. Lo anterior, toda vez que sus acciones se traducen en un retroceso injustificado respecto el nivel de protección ya alcanzado. Medidas sin un aparente fundamento científico que avale el enunciado “las energías limpias son la causa de la intermitencia en el suministro de energía eléctrica en todo el país” y realizadas sin que mediara una evaluación de impacto ambiental ni evaluación de regulatoria, tan es así, que apenas el día de ayer Mario Molina, Nobel de Química en 1995, declaró que sería “totalmente irresponsable no invertir en energías limpias”.

Es por lo referido, que lamentablemente lo aprobado y respaldado por las instancias federales marca un precedente más como una clara afrenta contra los derechos fundamentales y lo que ello implique. Ahora, será de esperar una de  dos cuestiones: o el gobierno federal redirecciona su política energética a tiempo, o bien, quedaremos a la espera de lo que dicten posiblemente los tribunales constitucionales en la materia, pero particularmente, en los efectos para el garantizar los derechos fundamentales del ciudadano.

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