Por: Rubí de María Gómez Campos.
El nazismo es una de las experiencias humanas más atroces y vergonzantes de la historia. Aproximadamente 10 millones de personas fueron asesinadas por ese régimen de crueldad, con métodos inimaginables como la asfixia con gas venenoso, disparos, ahorcamiento, trabajos forzados, hambre, experimentos pseuocientíficos, tortura médica, entre otros. Si la violencia ha sido un rasgo permanente de la historia, el hecho aberrante del totalitarismo nazi no tiene parangón. Sus actos constituyen delitos de lesa humanidad; lo que significa que lesionan gravemente la dignidad humana y afectan la raíz misma de la cultura, al negar la sobrevivencia de los otros y con ello la posibilidad de la política. El exterminio masivo de judíos y otras minorías étnicas y políticas (gitanos, homosexuales, mestizos, discapacitados, presos políticos, prisioneros rusos, republicanos españoles…) llevado a cabo entre 1941 y 1945, a través de un régimen de control absoluto, es un símbolo universal de inhumanidad y de vergüenza colectiva.
Ni siquiera puede llamarse político a ese régimen, pues, como asegura la filósofa alemana Hannah Arendt (1906-1975), los hechos cruentos que lo constituyen representan precisamente la negación de la posibilidad de la acción política. Actualmente en varios países de la Unión Europea existen leyes contra la negación del Holocausto. En ellos, incluido Alemania (país en el que se produjo el genocidio), las leyes anti odio prohíben la enunciación de formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia, la discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes (https://core.ac.uk/download/pdf/39073535.pdf). Internacionalmente se promueven medidas que garanticen la coexistencia humana. En Austria por ejemplo se castiga a quien, utilizando un medio público, “niegue, banalice gravemente, apruebe o intente justificar el genocidio nacionalsocialista u otros delitos contra la humanidad” (ibídem). Así de grave es considerado el episodio de la aniquilación totalitaria. La conciencia del mundo civilizado se horroriza ante la posibilidad de que Auschwitz se repita.
La brutalidad de los crímenes de la Shoah es tan inenarrable que por ello resulta al menos preocupante compararlos con la lucha por el derecho a la libertad y a la seguridad de las mujeres y por una vida libre de violencia. El contexto de las declaraciones de una funcionaria que se atrevió a descalificar a las feministas que están hartas de la violencia callejera cotidiana, llamándolas “feminazis”, es ese que aniquila diariamente a más de una decena de mujeres; en el que se cometen cientos de violaciones impunes; donde la incontenible trata de mujeres y niñas para explotación sexual no para y los altos índices de violencia doméstica registran a 7 de cada diez mujeres como víctimas. 56% del territorio mexicano tiene declarada formalmente alerta de violencia de género, además de 6 estados a los que les fue negada (a pesar de que los índices de feminicidio han aumentado) y 3 más esperan su resolución. (https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/el-56-del-territorio-mexicano-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/)
Que una funcionaria gubernamental se atreva a usar términos inventados para descalificar movimientos sociales es alarmante. Pero lo que resulta inconcebible es que esos términos se utilicen contra quienes defienden la vida y la libertad de las mujeres, en un país donde los cuerpos de cientos de mujeres asesinadas son encontrados descuartizados, calcinados, maniatados, decapitados, semidesnudos o desnudos y con huellas de tortura y de violencia sexual, según el recuento periodístico de María Salguero, la autora del Mapa del Feminicidio en México (ibídem) -quien sin ningún cargo público ni salario alguno ha hecho lo que la autoridad no ha sido capaz de hacer. Resulta inadmisible que se utilicen palabras peyorativas como “feminazis”, absurdamente contrarias al flagelo contra las mujeres que se vive, para referirse a temas de urgente resolución de los que además se es responsable (tal vez esta palabra tampoco la comprenda o ni siquiera la conozca la titular de la Secretaria de las mujeres de la Ciudad de México).
De la atención eficaz a esta pandemia depende la preservación de la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Los derechos humanos de las mujeres deberían ser garantizados como una prioridad gubernamental fundamental. Ello permitiría guardar las diferencias entre las prácticas repugnantes y fatalmente insanas del régimen nazi, con cualquier gobierno que aspire a la libertad, condición sine qua non de la vida política. El desprecio por la vida y hacia la integridad física y mental de la mitad de la ciudadanía que constituyen las mujeres es un mal síntoma. La insensibilidad de los agentes gubernamentales cuando intentan justificar sus malas actuaciones es frecuente. Tan frecuente, que casi nos hemos acostumbrado a escuchar sus dislates como chistes de mal gusto o como expresiones de una ignorancia ignominiosa de quienes tienen la obligación de conocer, al menos, acerca de temas relacionados con la función pública que desempeñan. No debemos hacerlo. Es la violencia y la misoginia institucionalizada lo que representa una mancha imborrable en la historia de la infamia y el horror.
El caso de la funcionaria responsable (aunque ella lo desconozca) de combatir y erradicar la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México demuestra la necesidad imperiosa de la exigencia ciudadana de seguridad para más de la mitad de la población. La inaudita expresión del término “feminazis” en labios de quien debería ser responsable de salvaguardar la dignidad de quienes insulta; exigir que cese la impunidad a otras instancias, vigilar el cumplimiento de sanciones y contribuir activamente en la erradicación del feminicidio, hace que sus palabras cretinas e incisivamente machistas vuelvan aún más grave su intento de vilipendiar la justa exhortación de jóvenes que, según ella, exceden sus demandas y atentan contra el orden que cree representar. Solo el empobrecido entendimiento de dicha funcionaria le autoriza a desacreditar –comparándolas con criminales desmedidos- a quienes se han atrevido a dañar con diamantina su perturbado sentido del honor.