Legisladoras en Michoacán toman tribuna en protesta por la desincorporación de predios estatales, exigiendo transparencia y legalidad en el proceso.
Morelia, Michoacán.- Frente a la decisión de la Conferencia de los Trabajos Legislativos del Congreso de Michoacán, para no turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano la iniciativa del Ejecutivo del Estado para desincorporar 38 predios del patrimonio estatal como establece la Ley, legisladoras locales toman la tribuna en sesión de Pleno.
Este jueves fue presentada ante el Pleno de la Cámara la iniciativa por la que el Ejecutivo Estatal busca vender 34 propiedades del Estado y donar cuatro más, sin embargo, por acuerdo político se decidió que la propuesta fuera turnada a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, no a la de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda que es la facultada por la Ley Orgánica del Congreso a revisar los asuntos relacionados con desincorporaciones.
Sandra Garibay Esquivel, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, fue ignorada en su solicitud de que el tema les fuera turnado, la indicación fue que presentada la petición por escrito, aunque este tipo de peticiones en esta Legislatura quedan archivadas y desatendidas.
La legisladora Belinda Hurtado Marín, apoyó el turno del tema a la Comisión que le corresponde atenderlo por Ley, y les recordó a diputados presentes, que en 2021 tomaron el Congreso local y tomamos Palacio de Gobierno, para manifestarse contra la desincorporación de bienes que planteaba entonces Silvano Aureoles Conejo, “ojalá no sean los mismos. ¿Quién va a ser el avalúo?, ¿a quién se le van a vender?, y ¿por qué esas propiedades?”, preguntó.
El presidente de la Cámara Baltazar Gaona García, buscó dar por terminado el asunto, pero sólo avivó más la discusión, al exhibir que algunos diputados ya se habían reunido con el gobernador del estado para acordar el asunto.
“Ya habíamos tenido una reunión con el gobernador varios diputados, se nos había explicado este procedimiento que se iba a presentar, no es algo nuevo, me extraña el comentario de la diputada Belinda Hurtado, porque en esa reunión se nos dio a conocer esta situación”, dijo Baltazar Gaona, pese a que la legisladora aludida no fue invitada a dicha reunión.
Quien tampoco fue convocada a esa reunión fue la panista Vanesa Caratachea Sánchez, que forma parte también de la Comisión de Desarrollo Urbano, “yo no fui invitada a esa comida en donde les explicaron, no sabemos porque, cada quien con sus cuates”.
La legisladora apuntó que al menos uno de los predios que busca desincorporar el Ejecutivo, estaba entre aquellos que había propuesto Silvano Aureoles.
El morenista Juan Pablo Celis buscó justificar el porqué ahora sí es viable desincorporar los 38 predios y antes no lo era con diez: “en efecto, tomamos el Congreso en el 2021 cuando Silvano Aureoles, pero era otro contexto muy distinto, habría que analizarlo, un estado quebrado, donde la salida fácil era la deuda pública, endeudar a Michoacán y rematar los bienes. Este caso es totalmente distinto, habrá que leer y revisar bien, hoy vivimos una realidad diferente, hay un reordenamiento financiero, se ha puesto una iniciativa donde se prohíbe la deuda, y (la desincorporación de) los bienes, es más bien para un tema de reordenamiento, y va con una inteligencia financiera en donde hay que seguir tomando decisiones.
Dijo que se trata de “bienes ociosos”, y que su venta no tiene que ver con generar recursos para gasto corriente.
La exigencia por que el asunto fuera turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano se intensificó debido a la negativa del presidente de la Mesa, Baltazar Gaona, de permitirle la palabra a la legisladora Sandra Arreola, y pedirle a su coordinadora parlamentaria Fabiola Alanís que hablara con ella, o bien ella indicara si se permitía o no su participación.
En medio de la polémica la morenista Giulianna Bugarini presentó una moción de orden para que la discusión terminara, pero cómo sólo obtuvo ocho votos a favor de apoyo y tras ser desechada su propuesta, Baltazar Gaona repitió votación optando por consultar quién estaba en contra, y cómo sólo seis diputados alzaron la mano optó por aprobar la referida moción.
Frente a ello, las diputadas Sandra Olimpia Garibay, Itzé Camacho, Belinda Hurtado y Vanesa Caratachea, optaron por tomar la tribuna, por lo que Baltazar Gaona declaró un receso a la sesión y mandó llamar a los coordinadores parlamentarios.
La polémica no cesó tras reiniciarse la sesión, la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar, refirió que tampoco habían sido convocados a la reunión realizada con el gobernador, “no tenemos información ni claridad al respecto y desconocemos totalmente este asunto”.
Anunció su intención de asistir a los trabajos de dictaminación que realice la Comisión de Hacienda.
“Considero que en el dictamen deberán incluirse listas claras en las que se precise cuáles predios serán destinados a donación y cuáles a venta. También debe especificarse el destino de los recursos que se obtengan, ya que actualmente no existe claridad al respecto”.
La coordinadora parlamentaria del PRI, Adriana Campos, también dejó en claro que no fueron convocados a la reunión con el gobernador, por lo que solicitó que de manera puntual se les informe qué se trató en ella.
“No podemos permitir que se legisle vulnerando la autonomía de este Congreso, realizando reuniones con algunos sí y con otros no, tratándose de un asunto tan delicado. Estamos hablando de recursos de las y los michoacanos, de bienes que forman parte del patrimonio del estado, y necesitamos tener total claridad”.
El legislador perredista, Octavio Ocampo, pidió al presidente de la Mesa, apegarse a la Ley Orgánica del Congreso: “las diputadas y diputados que integran comisiones tienen el derecho de solicitar su incorporación para dictaminar y acompañar las iniciativas cuando así lo consideren pertinente. Corresponde a la Mesa Directiva resolver si dicha solicitud es procedente o no”.
A Baltazar Gaona le recordó que es el representante del Poder Legislativo, un poder que se encuentra en igualdad de condiciones frente al Ejecutivo y al Judicial.
“Sus facultades están establecidas en la Ley Orgánica, pero también están acotadas, no debe perder de vista que el Pleno, integrado por las y los 40 diputados, es la máxima autoridad y que todas y todos somos iguales: ni unos más ni unos menos. No considero correcto que se haga un llamado a los coordinadores para que determinen si se concede o no el uso de la palabra a algún diputado”.
Vanesa Caratachea manifestó su preocupación acerca de que la Comisión de Hacienda sesione al vapor para sacar el tema, sin dar posibilidad a que se revise la solicitud de la Comisión de Desarrollo Urbano para participar en la dictaminación.
“Eso no puede suceder, porque ya ha ocurrido en este Pleno que, cuando se solicita un returno, no se concede. Lo digo con claridad: si este asunto no pasa por la Comisión de Obra, acudiremos a los tribunales, porque no es un tema menor; se trata del patrimonio de las y los michoacanos, y no permitiremos que se venda sin la debida transparencia y legalidad”.
Sandra Arreola, coordinadora del Partido Verde, reprochó que no se permitiera el uso de la palabra a las legisladoras: “La voz en este recinto no es un favor ni una concesión; es un derecho democrático y, además, un derecho constitucional que tenemos las diputadas y los diputados. Cada vez que una diputada o un diputado hace uso de la palabra, lo hace en representación de las y los michoacanos. Limitar la voz de un legislador es limitar la democracia.
“El debate no debilita al Congreso; por el contrario, lo fortalece. Este recinto debe ser un espacio de diálogo, respeto y pluralidad, donde todas las ideas —incluso aquellas que no nos gustan o con las que no coincidimos— sean escuchadas”.