La nueva Ley de Inteligencia busca mejorar la seguridad pública no es para espionaje, no es para espiar a los ciudadanos, aseguró Sheinbaum durante su conferencia mañanera
Ciudad de México.- Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió la reciente aprobación de la Ley de Inteligencia e Investigación, asegurando que, su propósito es mejorar la seguridad pública y combatir delitos graves, y no espiar a los ciudadanos.
¿Qué implica la nueva Ley de Inteligencia e Investigación?
Promovida por Sheinbaum y aprobada por la Cámara de Diputados, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la capacidad de acceder a bases de datos personales y biométricos, como huellas digitales y registros faciales, de fuentes tanto públicas como privadas. Su objetivo es reforzar las investigaciones, perseguir delitos y localizar personas desaparecidas.
Un elemento clave es la creación de la Plataforma Central de Inteligencia, una base de datos extensa bajo el control del Centro Nacional de Inteligencia, que permitirá el análisis de información de múltiples fuentes para decisiones estratégicas en seguridad pública.
Declaraciones de Sheinbaum: Seguridad pero no espionaje
Claudia Sheinbaum enfatizó: “Es falso que esta legislación pretenda censurar o espiar a la población”. Afirmó que la ley no altera los lineamientos legales para intervenir comunicaciones, que seguirán requiriendo autorización judicial.
“No espiamos a nadie, pero sí queremos que disminuyan los delitos. Esta ley permitirá llegar más pronto a quien comete un delito o localizar a una persona desaparecida”, subrayó.
Sheinbaum acusó a sus críticos de difundir “mentiras con fines políticos” y defendió que la integración de sistemas dispersos de información facilitará el trabajo de las autoridades sin comprometer los derechos humanos ni la privacidad de los ciudadanos.
A pesar de las garantías oficiales, la ley ha sido cuestionada por organizaciones civiles y legisladores de oposición. Las principales preocupaciones incluyen:
- El acceso irrestricto a datos personales y biométricos por parte de la SSPC, Guardia Nacional, Ejército, fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia.
- La obligación de proveedores de servicios públicos y privados de entregar registros a las autoridades.
- La desaparición de órganos autónomos de protección de datos y transparencia, lo que podría dejar a la ciudadanía sin mecanismos efectivos de defensa ante abusos.
Expertos advierten que el volumen y alcance de la información que podrá ser consultada representa un riesgo sin precedentes de vigilancia masiva. También alertan sobre el posible uso político de las bases de datos y la falta de controles independientes para su manejo.
¿Qué busca el gobierno con esta ley?
El gobierno sostiene que la ley responde a la demanda social de mayor eficiencia institucional para enfrentar delitos graves, especialmente relacionados con el crimen organizado y la desaparición de personas.
El sistema busca coordinar a todas las instancias de inteligencia y seguridad en los tres niveles de gobierno, eliminando la dispersión de información y facilitando la judicialización de delitos.
Además, la ley contempla la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública y establece estándares más estrictos para la formación y certificación de personal especializado en inteligencia e investigación.