Morelia, Michoacán.-El presidente de la Comisión Estatal de lo Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, Víctor Manuel Serrato Lozano, rechazó rotundamente la Ley de Seguridad Interior, misma que está a punto de aprobarse por el Senado de la República.
Víctor Serrato manifestó que el aprobar la Ley de Seguridad Interior implicaría una derrota al estado mexicano frente al combate contra la delincuencia organizada.
En ese sentido el Ombudsman en Michoacán señaló que se sumarán a lo ya estipulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la propia Organización de las Naciones Unidad (ONU), sobre un rechazo hacia este ley.
Serrato Lozano informó que impugnarán dicha ley, ya que no es del todo clara en muchos aspectos, además de que no define que es seguridad interior, de manera que dijo, “todo puede caber ahí”.
Víctor Manuel Serrato señaló que esta ley únicamente desalienta la responsabilidad de los gobiernos estatales en seguir formando y fortaleciendo sus cuerpos policiales, además de que otorga facultades de investigación a los militares y de actividades de prevención lo que dijo, es bastante riesgoso.
“El ejército tiene 11 años realizando funciones de seguridad pública y la cosa no ha mejorado sino se ha empeorado en 2007 el número de homicidios en todo México era de 10 mil y hoy estamos están arriba de los 23 mil homicidios en el país por año con la presencia del ejército haciendo funciones de seguridad pública” añadió el presidente de la CEDH.
Detesto Lozano reiteró que en caso de aprobar dicha ley sería como aceptar que el estado ha perdido la batalla, que sus gobiernos estatales han sido incapaces de fortalecer a los cuerpos encargados de someter a los criminales en investigar los delitos, “sería una muy mala señal la aprobación de esta ley”.
Así pues volvió a mencionar que promoverán una acción de inconstitucionalidad antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar la invalides de esta ley por lo que se sumarían a lo ya dicho por la CNDH y formarán parte de la creación de un escrito.
Otro de los errores y las fallas que el propio Ombudsman ve es que dicha Ley de Seguridad Interior no prevé un mecanismo de rendición de cuentas y todo lo quiere tachar o someter a confidencia.