Los retos de la paridad en el poder legislativo

Los retos de la paridad en el poder legislativo

En México es evidente que todavía existe una notable desigualdad por motivos de género en diversas esferas de la vida social: en el ámbito político, económico, social y cultural. El trato y las diferentes oportunidades que tienen las mujeres respecto de los hombres hacen que el ejercicio de sus derechos no sea pleno.

     Uno de los ámbitos en el cual se registra una situación de desigualdad y discriminación hacia las mujeres es el relativo a la participación política, el cual resulta crucial dado que representa un espacio para la transformación de las condiciones de desigualdad del resto de los ámbitos.

     Si bien es cierto, se han dado pasos importantes como la reforma de junio del año de 2019 en el cual el Poder Legislativo federal reformó varios artículos constitucionales para asegurar la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones de la vida pública del país (86 leyes secundarias fueron reformadas), todavía existen practicas excluyentes.

     Un claro ejemplo de estos mecanismos de exclusión se puede ver claramente en la 65 legislatura en la Cámara de Diputados, la cual será la primera que esté conformada por 250 hombres y 250 mujeres; sin embargo, su máximo órgano de gobierno, la Junta de Coordinación de Política, se encuentra integrada totalmente por hombres. Esta desigualdad deja en evidencia que todavía permea una cultura parlamentaria androcéntrica.

     Desde mi perspectiva, si realmente queremos dar ese paso, en el cual la ley se cumpla a cabalidad, debemos lograr que la paridad se refleje en un ejercicio de poder plenamente compartido entre mujeres y hombres, se debe extender el principio de paridad en la integración de todos los órganos legislativos de la Cámara de Diputados: Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva, Comisiones, etc., que permita trascender la segregación horizontal que actualmente existe.

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     Tal vez, esto no resultará sencillo a corto plazo, porque existe una cultura institucionalizada en la cual se pondera la toma de decisiones del hombre; sin embargo, con voluntad política de los distintos actores, así como un trabajo permanente, inclusivo y colaborativo por parte de las propias mujeres diputadas quienes son las que en mayor medida pueden empujar hacia esa dirección transformadora, no porque sea su responsabilidad en exclusiva, sino porque son las que pueden tener el mayor interés en actuar al respecto.