Por: Enrique Rivera Hernández
En días anteriores, nuestro País fue testigo como nunca antes en la historia moderna, de la organización del pueblo de manera maravillosa, pues en aproximadamente 10 días, la ciudadanía entrego al senado por medio del comité promotor de la consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes, aproximadamente 2 millones 700 mil firmas justo antes de vencer el plazo.
Hecho que brinda una lucecita, iluminando el andar de la democracia participativa que se continúa formando de manera consiente, fortaleciendo la transformación social de nuestra patria y de los sujetos históricos.
Posteriormente el día 15 de Septiembre del año en curso, durante la mañanera el Presidente de la Republica en Palacio Nacional, presentó también justo antes de vencer el plazo, su solicitud para aprobar la consulta popular para el posible enjuiciamiento de cinco ex presidentes y aproximadamente al medio día el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer entregó al Senado de la Republica la solicitud de manera formal.
Según la oficina de certificación de correspondencia de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, a las 13:35 horas se presentó por parte del Senado la solicitud de la consulta popular y la pregunta formulada por el titular del Poder Ejecutivo para llevarse a cabo de misma.
El 30 de septiembre el presidente expone “llevar a cabo la consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los ex presidentes, no hay juicio sumario, no hay vía extrajudicial”, así mismo también se exteriorizó, “se sienta un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y es a su vez un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales”, exposición respaldada con las 2 millones 700 mil firmas antes citadas.
Desde el 15 de Septiembre transcurrieron algunos días sin saber exactamente qué ocurriría y el día 1 de Octubre del año en curso por la mañana en la sesión los magistrados daban sus argumentos, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz expuso “la materia de la consulta es reunir y analizar información sobre el pasado y los hechos ocurridos en los sexenios anteriores”, el ministro Javier Laynez Potisek argumenta “la justicia no debería de someterse a consulta”, posteriormente Luis María Aguilar Morales manifiesto “la pregunta original vulnera la presunción de inocencia de los ex presidentes”.
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Casi al cierre de la sesión con 6 votos a favor y 5 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la constitucionalidad de la consulta a la población exponiendo el ministro Arturo Zaldívar, “es claro que los efectos de la consulta no podrían tener efectos vinculantes con las autoridades de la procuración de justicia”, así mismo, con 8 votos a favor la pregunta girada por el titular del Ejecutivo fue modificada, con el argumento de no afectar a ninguna persona en particular.
La consulta fue aprobada, sin embargo la pregunta generada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda confusa “para no afectar a nadie directamente”, quitándole los dientes y el filo directo a la pregunta original emanada de la Presidencia y sustentada con el sentir de un pueblo; dejando de manifiesto quién puede ser que este mandando obedeciendo y quién este cubriendo intereses aún en la transformación del País.