Marco Antonio Almanza, exjefe policiaco de Sinaloa, se entrega a EEUU por presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este viernes se confirmó que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos (EEUU).
El exmando policial es uno de los siete funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por el Gobierno de Estados Unidos de operar para la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Según la acusación presentada en Nueva York, Almanza facilitaba operaciones en campo para eliminar enemigos de la organización criminal.
La conexión con el caso Rocha Moya
La entrega de Almanza ocurre en un contexto crítico para la política estatal. Apenas el pasado 26 de mayo, figuras de alto nivel como el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras la apertura de investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con el anuncio oficial del Departamento de Justicia: “Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”.
La justicia estadounidense, encabezada por el fiscal Jay Clayton y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, sostiene que la estructura de seguridad en Sinaloa fue utilizada para permitir al cártel operar sin restricciones.
Entre los nombres que figuran en la acusación formal se encuentran:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Por su parte, el gobernador Rocha Moya ha rechazado “categórica y absolutamente las imputaciones formuladas”, calificando el proceso como un ataque político a la administración actual.