Por. Fernanda Martínez
El pasado 22 de abril del presente año se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se expide la Ley de Amnistía, donde se establece liberar a personas injustamente encarceladas, así como a personas procesadas y sentenciadas que han sido acusadas por delitos “no graves” ante los tribunales de orden federal, a grandes rasgos, delitos en donde no se haya privado de la vida a la víctima, que no se hayan utilizado armas de fuego y que no sean reincidentes. Entre los delitos considerados como “no graves” se encuentran: el aborto, delitos contra la salud: como consumo de drogas, también contempla a presos políticos e indígenas que no hayan tenido el acceso a un juicio por la falta de un intérprete.
Desde que el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces candidato a la presidencia del 2018, enlistó como propuesta de campaña impulsar la Ley de Amnistía, como era de esperarse, un considerable sector de la población arremetió contra el presidente al considerar esta Ley una “oficialización de la impunidad para los delincuentes”. Desde luego que estos delitos considerados “no graves” no dejan de ser actos ilícitos, sin embargo, la ley va más allá de dejarlos en libertad.
La aprobación de la Ley de Amnistía, además de ser el cumplimiento de una promesa de campaña, una propuesta que como muchas otras y casi todas, están pensadas en la población más vulnerable, aquella que había permanecido en el olvido por décadas, resulta una medida preventiva ante la situación tan alarmante por la que estamos atravesando, ya que esto permitirá que la población penitenciaria reduzca y así mismo evitar contagios masivos del COVID- 19.
La Ley de Amnistía no es más que el camino hacia la justicia transicional y una oportunidad de reconstruir el tejido social. Representa una oportunidad para evitar castigar la pobreza, la vulnerabilidad, en donde la mayor parte de los presos son jóvenes, jóvenes que se ven orillados a delinquir, quienes son más fáciles de agarrar, quienes no tienen la oportunidad de pagar abogados ni fianzas. Ni que hablar de las mujeres presas por un delito que ni siquiera debiera ser considerado como tal, el delito de aborto.
Sin duda, esta legislación, además de recordarnos lo podrido que está el sistema de justicia, resulta esperanzador, el paso a un acto de justicia incluso en materia de género, por las casi 700 mujeres encerradas por el delito de aborto. Por supuesto, se requiere una adecuación al marco legal, la despenalización del aborto, un política de la droga, reasignación presupuestaria, entre muchos otros factores, pero sin duda alguna la aprobación de esta ley es un instrumento legal para aquellos que no tienen para comprar la justicia.
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