Memo Valencia asegura que la denuncia en su contra por parte de la familia Rodríguez es una estrategia política ligada al alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco
Morelia, Michoacán.- El activista y líder del movimiento Revolución Social, Memo Valencia, calificó como un ataque político la reciente denuncia interpuesta en su contra. Esto ocurre luego de que la familia Rodríguez lo señalara por grabar y difundir el rostro de un menor de edad vinculado a presuntos actos delictivos en Morelia.
Valencia Reyes no se quedó callado y lanzó una fuerte réplica. Según el activista, los acusadores tienen vínculos directos con Pedro Fernández Carapia, líder migrante y allegado al alcalde Raúl Morón Orozco. “Es un tema político”, sentenció el exalcalde de Tepalcatepec, sugiriendo que la administración municipal busca frenar sus acciones de vigilancia ciudadana.
El origen del conflicto: ¿Qué pasó con los detenidos?
La controversia escaló cuando la familia Rodríguez anunció acciones legales contra el líder de Revolución Social. Aseguran que Valencia violó los derechos de un menor y de su hermano al exhibirlos como responsables de robo con violencia y secuestro de mujeres.
Además, los familiares denunciaron que elementos policiales y ministeriales recurrieron a la tortura para obligar a los jóvenes a autoincriminarse. Ante estos señalamientos de denuncia contra activista, Valencia retó a los inconformes a proceder legalmente, asegurando que no dejará de evidenciar a quienes dañan a la sociedad.
Inseguridad en Morelia y la postura del activista
¿Qué sigue para el movimiento?, Memo Valencia fue claro: las labores de Revolución Social Morelia no se detendrán. El activista reiteró que su prioridad es combatir la inseguridad en Morelia, a pesar de lo que considera una persecución orquestada desde esferas oficiales.
Para los que quieren saber más sobre el contexto, la relación entre el activista y el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el alcalde Raúl Morón Orozco, ha sido tensa debido a las críticas de Valencia hacia la estrategia de seguridad local. Este nuevo capítulo legal añade presión a un clima ya polarizado en la capital michoacana.