En Michoacán, 75.62% de trabajadores agrícolas, en la informalidad
Marco Antonio Tinoco Álvarez, Presidente de Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán / Foto: CEDH

El 75.62% de los trabajadores agrícolas en Michoacán laboran en la informalidad, enfrentando carencias y desafíos en derechos laborales.

Morelia, Michoacán.- Durante el cuarto trimestre de 2024, en Michoacán había 201 mil personas laborando en actividades agrícolas, de las cuales el 75.62 por ciento trabajaba en la informalidad, y apenas 51 mil 118 estaban afiliadas al IMSS, según el informe especial ‘Personas Jornaleras Agrícolas en el Estado de Michoacán, Panorama Actual y Derechos Humanos: un diagnóstico que revela carencias estructurales y retos urgentes para garantizar los derechos de miles de trabajadores del campo’.

El presidente de Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, explicó que este documento surge de la necesidad de “ver cuántos campos tenemos, si hay viviendas salubres, si tienen un programa efectivo de apropiación y de respeto a los derechos humanos”.

Señaló que, pese a la importancia del sector agrícola, persisten rezagos y desigualdades:

“Sabemos cuántas toneladas de aguacate se exportan al país del norte, pero donde se produce no hay derrama económica, no hay desarrollo. No son los municipios más desarrollados y casualmente no hay un debate franco entre lo rural y lo urbano”.

Además, se detectaron condiciones inadecuadas en algunos albergues, como en Tanuato, donde entre 2016 y 2018 se reportaron cobros irregulares, falta de servicios básicos y de normas claras para la operación.

En contraste, campamentos en Chilchota y Purépero cumplen con estándares mínimos de infraestructura y seguridad.

Las recomendaciones del organismo incluyen armonizar la legislación estatal con normas internacionales, mejorar las condiciones laborales y garantizar albergues dignos.

El informe es resultado de un trabajo conjunto entre la CEDH y la organización Fuerza Migrante Sin Fronteras, quienes realizaron visitas a albergues y recabaron testimonios de jornaleros y sus familias.

La Comisión subrayó que este es “apenas un punto de partida” y que su labor será “seguir vigilando, acompañando y exigiendo” respeto pleno a los derechos de las personas jornaleras agrícolas en Michoacán.