Foto: Raúl Tinoco/ Contramuro

Morelia, Michoacán.- Son 75 las averiguaciones previas que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha echado a andar en Michoacán. A esto se suman 21 carpetas de investigación por situaciones que de alguna u otra manera vulneraron el esquema democrático del estado.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, quien en un acercamiento con comunicadores locales puntualizó que, de las averiguaciones previas giradas en el estado, un 66 por ciento corresponde a casos ligados con el turismo electoral y la usurpación de la identidad.

“En este momento en Michoacán tenemos 75 averiguaciones previas todavía pendientes, y tenemos 21 carpetas de investigación. En realidad, el 66 por ciento de estos casos están relacionados a lo que se conoce como turismo electoral, o como usurpación de identidad”, refirió en sustento a lo aquí señalado.

Nieto Castillo reconoció que, “uno de los problemas centrales de la democracia en México tiene que ver con la relación entre corrupción y delitos electorales”, por lo cual resaltó la urgencia de potenciar el trabajo del organismo a su cargo, a fin de garantizar imparcialidad en el ambiente democrático del país.

Dijo que, en su mayoría, los delitos electorales suelen registrarse al inicio y desarrollo de una campaña electoral, considerando que algunos actores políticos se han valido del uso de recursos públicos, para su promoción personal.

Uno de los problemas centrales de la democracia en México tiene que ver con la relación entre corrupción y delitos electorales, es decir, la corrupción empieza en las campañas electorales con el desvío de recursos públicos de la federación, los estados y los municipios

En torno a los resultados que la Fepade ha tenido en este tipo de situaciones, subrayó el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien se le vinculó a proceso por desviar cerca de 10 mil millones de pesos provenientes del erario público.

El titular de la Fepade prometió una observación permanente por parte del organismo a su cargo durante el proceso electoral recién iniciado, tras decirse consciente del crecimiento que presenta el fenómeno de la corrupción, cuando un cargo de elección popular está en juego.