El secretario de Finanzas de Michoacán, Luis Navarro, reveló que los juicios heredados de gobiernos pasados han costado más de 12 mil mdp y alterado la planeación financiera estatal
Morelia, Michoacán.- El secretario de Administración y finanzas (SFA), Luis Navarro García, reconoció que los juicios heredados de administraciones pasadas han representado uno de los mayores desafíos financieros para el estado, pues aseguró que tan solo en este rubro, Michoacán ha desembolsado más de 12 mil millones de pesos en los últimos cuatro años.
El funcionario estatal explicó que el impacto de estas sentencias es inmediato y desestabiliza la planeación presupuestal.
“Ustedes imagínense que tienen un presupuesto y de repente les llegan sentencias de empresas que demandaron al gobierno en el gobierno anterior porque no se les pagó; tienes que desembolsar 300 millones de pesos en un mes o 600 millones en un mes”, detalló.
De acuerdo con el titular de la SFA, estos pagos extraordinarios han afectado la programación financiera de cada ejercicio, pues deben cubrirse en un plazo muy corto y con recursos ya comprometidos.
“Eso te descompone completamente tu programación programática-presupuestal, y es lo que nos ha afectado”, reconoció.
Comentó que, pese a las dificultades, la administración ha priorizado el cumplimiento de estas obligaciones legales para evitar un mayor costo al erario.
Indicó que los recursos destinados a estas sentencias equivalen, en promedio, a 3 mil millones de pesos por año, una cifra comparable al presupuesto anual de varias dependencias estatales.
Destacó que este panorama ha requerido estrategias de equilibrio financiero, apoyándose en la recaudación local y en convenios con la federación.
Aseguró que los ingresos propios también han sido determinantes para cubrir compromisos de corto plazo sin descuidar nómina y pagos a proveedores.
Luis Navarro recordó que al inicio de la actual administración la deuda heredada alcanzaba montos cercanos a los 30 mil millones de pesos en distintos conceptos, entre ellos laudos, adeudos con proveedores y obligaciones educativas.
En ese contexto, las sentencias judiciales se sumaron a la lista de presiones financieras que el estado ha debido enfrentar.
Finalmente, insistió en que la actual administración busca concluir su gestión sin heredar adeudos de este tipo.
“La meta es cerrar de manera ordenada y no repetir la historia de los pasivos que se nos dejaron a nosotros”, concluyó.