Por Christián Gutiérrez
Desde hace 40 años vivo en el municipio de Morelia, Michoacán, México y nunca he apreciado cambios exponenciales en su desarrollo. La comparación con otros municipios es tan lamentable, como necesaria.
De niño, percibía al municipio de León, Guanajuato, como un lugar insípido. Hace 30 años, la ciudad de León la apreciaba gris y desordenada, pero ahora, este municipio y esta ciudad, están más ordenados y desarrollados que Morelia. Podría apostar 3 a 1 a que lo que digo es verdad y ni cómo comparar al Estado de Guanajuato con Michoacán.
¿Por qué esta distancia en tan solo 30 años?, ¿qué ha provocado que Michoacán no despegue a la velocidad que lo hizo Guanajuato?, ¿Por qué el estancamiento severo de Michoacán en poco más de una docena de años?.
Michoacán tiene demasiado potencial natural para ser aprovechado, eso ya se sabe, pero la entidad no se ha desarrollado porque -entre otros factores-, ha tenido una serie de gobiernos desastrosos, dirigidos por gobernantes sin talento, sin habilidades o sin empatía por los michoacanos. Además, gobernantes que ejercieron el poder demostrando rencores sociales que enquistaron desde su juventud; políticos que llegaron al poder con la carga negativa de haber sido excluidos socialmente, según ellos.
En realidad, Michoacán ha tenido 3 ó 4 pésimos gobiernos desde que soy consciente de la importancia de tener buenos gobernantes. Me refiero a los gobiernos desde 2001 y hasta 2015, año en el que llegó Silvano Aureoles a gobernar y administrar un gobierno prácticamente desahuciado.
Sumado a estos malos gobiernos, está otro factor no menos oprobioso: “el magisterio michoacano”. Ha sido la rémora más voraz que aún desangra al Poder Ejecutivo sin que haya freno a este mal, aunque parece que ha llegado una vacuna que podría aliviar al cuerpo enfermo.
Por fortuna, un tribunal federal confirmó en definitiva que son inconstitucionales los acuerdos alcanzados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre 2013 y 2015, así como el convenio que firmó el magisterio, con el Gobierno de Oaxaca en 1992.
¿Por qué es importante para Michoacán esta resolución judicial? Porque ha quedado asentado un precedente que podría inhibir que se realicen negociaciones ilegales entre la CNTE y el Gobierno de Michoacán.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha perdido en los tribunales federales aquello que, por acción u omisión, gobiernos estatales y el de Enrique Peña Nieto, le dieron a cambio de una irreal “gobernabilidad”.
Y digo irreal, al igual que absurda, porque en principio la ley no tendría que negociarse, y en segundo lugar, es de dementes pensar que los líderes de este magisterio se comportarán de manera “civilizada” en algún momento. Este magisterio lo único que quiere es seguir obteniendo plazas, recursos económicos, impunidad y prebendas de parte de los gobiernos, a cambio de nada.
Michoacán vive un atraso educativo severo, sin duda y el sistema público de educación está en agonía motivado por gobernantes pusilánimes que ya no están y por líderes sindicales abusivos y perversos que aún dirigen.
El actual Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no la tiene nada fácil. En realidad, tiene el reto de su vida: sanear el sistema de educación básica del Estado, que es la herida más profusa por donde se desangran las finanzas del gobierno estatal.
Hasta el momento, el Gobernador ya pidió federalizar la nómina de educación básica y normal y es un buen principio que “los de atrás” no hicieron. Las resoluciones judiciales tomadas como precedentes jurídicos, el apoyo del Presidente López Obrador y su determinación de terminar con este cáncer, podrían beneficiar a Michoacán y la coyuntura se presta.
Sin mezquindades, todos los partidos políticos, los medios de comunicación y la población, deberían sumarse a la coyuntura de pedir la federalización de la nómina magisterial.
Puede ser un momento que no regrese.
* El autor, es politólogo, neuromercadólogo,
abogado y comunicador.
@christian_gtz