Morelia, Michoacan.- Con la salida de José Trinidad Martínez Pasalagua del penal del Altiplano y quedar absuelto de delitos del crimen organizado y de extorsión; en total son ya siete políticos y funcionarios públicos que han recuperado su libertad ante la falta de pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR). Todo parece que el michoacanazo “hormiga” implementado por Enrique Peña Nieto y operado por Alfredo Castillo Cervantes se está desmoronando.
José Trinidad Martínez Pasalagua es el séptimo político o servidor público que queda libre con sentencia absolutoria al no acreditarse delitos por extorsión al momento de cobrar cuotas a transportistas para entregárselas a la organización de Servando Gómez Martínez, alías “La Tuta”.
Además del líder transportista han quedado absueltos de delitos por vínculos con el crimen el expresidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez, quien el fin de semana se le vio tomándose fotografías con el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, además con los exdirigentes del comité estatal del PRI, Antonio Guzmán Castañeda y Osvaldo Fernández, dentro del Consejo Político Estatal en el que tomó Víctor Silva Tejeda protesta.
Aunque no son por nexos con el crimen organizado pero quienes ya salieron de prisión durante el período que estuvo Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán son los exsecretarios de finanzas, Humberto Suárez López, el responsable del desfalco financiero del estado, además de Mireya Guzmán Rosas, a quien se le juzgo bajo un procedimiento de responsabilidad civil y no penal por haber permitido la contratación de un arrendamiento de un bien por un período que rebasó el tiempo del gobierno de Leonel Godoy. El juez determinó que quedaba absuelta de esta responsabilidad, y quien Alfredo Castillo quiso detener y mandar a prisión sin que se configurará un delito penal en contra de esta exservidora pública.
Otro caso – no muy mediático- fue la detención del expresidente municipal de Acuitzio, Francisco Gómez Olivos, quien fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado el pasado 24 de septiembre del 2014, por su presunta responsabilidad del delito de peculado en agravio a la administración municipal. Al ex edil emanado del PRI se le acusó de haber desviado un monto de un millón 849 mil pesos de un recurso para la construcción de un camino pavimentado en la comunidad de Tamanguio, y que era recurso federal del programa 3 por 1 para Migrantes en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social.
Tras casi un año del proceso penal, Gómez Olivos ha quedado en libertad y absuelto de responsabilidad. Gómez también se le vio –aunque más discreto- en el Consejo Estatal de su partido del pasado fin de semana.
Otro de los expresidentes municipales que ya se encuentra absuelto por el delito de peculado y que fue ordenada su detención por Alfredo Castillo Cervantes y por el actual procurador del estado, Martín Godoy Castro, fue Octavio Aburto Inclán, expresidente municipal constitucional de Tacámbaro, quien también fue acusado por el delito de peculado, pero éste se amparó ante la orden de captura, por la sustracción de una máquina de excavación por un precio de más de un millón de pesos.
El ahora locutor de profesión se encuentra también en libertad luego de acreditar que no hizo daño a la hacienda municipal y demostrar que la Federación y el propio Castillo Cervantes no acreditaron delitos.
El caso que más llamó la atención es el de Humberto Suárez López, quien fue acusado de peculado y detenido en la ciudad de Guadalajara en el 2014, se le acusó de haber desviado recursos por un monto de 50 millones de pesos para favorecer a una empresa que fungiría como despacho contable, pero se comprobó que dicha empresa no tenía la capacidad para hacer esa función.
Sin embargo, Suárez López pagó fianza 49 millones 895 mil 455 pesos, para poder enfrentar el proceso penal en libertad. Al final El Poder Judicial de Michoacán decretó la libertad absolutoria de Humberto Suárez López, ex secretario de Finanzas del Gobierno de Michoacán, quien estaba sujeto a proceso como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad y peculado por alrededor de 49 millones de pesos.
El juez estatal consideró que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán no aportó pruebas suficientes para sancionar al contador público, quien se encontraba en libertad bajo fianza, y a partir de ahora queda completamente exento de cualquier responsabilidad legal.
El Michoacanazo II implementado por el gobierno peñista prácticamente no ha podido aportar pruebas o sustentar las detenciones de exfuncionarios y políticos con responsabilidades en materia federal como en delitos de peculado. A diferencia del Michoacanazo implementado por Felipe Calderón Hinojosa con la detención de 37 exfuncionarios públicos el 26 de mayo del 2009, el operativo de Enrique Peña Nieto durante la era Alfredo Castillo ha demostrado que la PGR es una institución débil, no cuenta con los aparatos de invetistigación suficientes para detener a quienes cometen delitos graves, y más cuando se trata de funcionarios o servidores públicos.
Alfredo Castillo inició un trabajo aceptable porque comenzó a atender lo que más reclamaba la ciudadanía michoacana: Que hubiera justicia con quienes pactaron con el crimen organizado y permitieron desde las instituciones que lastimaran a la población, además de que se castigará a los responsables del desfalco, pero a un año sin el comisionado y con varios implicados en delitos que han quedad absueltos todo indica que en la actual administración de Peña Nieto se mantiene la corrupción y aplicar la justicia al débil y a quien menos dinero tiene para contratar una defensa legal.