El reciente anuncio de AMLO sobre que los militares no sólo van a construir el aeropuerto civil de Santa Lucía, sino que, además, lo van a administrar, confirma los temores expresados por el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, en su último informe de labores ante el Congreso.
El titular de la CNDH está convencido de que otorgarles potestades para que asuman tareas que no son de su competencia “es una apuesta arriesgada para la democracia y la institucionalidad”.
Y es que el Presidente ya manifestó sus intenciones de convertir al Ejército en desarrollador inmobiliario en Santa Fe —proyecto para financiar cuarteles de la Guardia Nacional—, pero también en constructor de obra pública.
Ya dijo que el transporte de combustibles en pipas lo hará la Secretaría de la Defensa Nacional y no Petróleos Mexicanos.
¿Por qué el ombudsman considera que es una apuesta arriesgada? “Una vez que transcurra la emergencia va a ser difícil que devuelvan esas potestades a las instituciones civiles”, dijo.
- No ignoro la gran deuda de los mexicanos con el Ejército y la Marina en el combate al narcotráfico. Estoy consciente de que están mero arriba en el índice de confianza ciudadana.
Llevan 12 años partiéndosela con la delincuencia organizada. El costo ha sido mayor en sangre, sudor y lágrimas, para citar al histórico primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill. Pero es válido preguntarse sobre las motivaciones que tiene AMLO de involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades remuneradoras muy ajenas a las tareas que les señala la Constitución.
¿Quiere asegurarse su incondicionalidad?
- Las palabras del ombudsman en su informe regresaron a mi mente durante la sesión matutina del Parlamento Abierto convocado por el Senado para llevar a cabo el análisis del proyecto sobre la Guardia Nacional.
Más allá de las posturas conocidas de los distintos grupos parlamentarios (la priista Ruiz Massieu hasta calificó de “histórica” la creación de la Guardia), aquello se convirtió en el debate de uno contra tres ponentes.
Era Julio Sabines Chesterking, maestro en seguridad nacional, hijo del exgobernador de Chiapas, contra todos los demás: Sergio López Ayllón, director del CIDE; Álvaro Vizcaíno Zamora, extitular del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y el activista Santiago Corcuera Cabezut.
Sabines fue el único que dijo “sí” a la integración de ese híbrido cívico-militar que AMLO quiere crear para combatir el crimen y la violencia. López Ayllón enfatizó que la Guardia debe ser “inequívocamente civil”.
Vizcaíno enfatizó que, tal como viene en la minuta de la Cámara de Diputados, “se asemeja al modelo venezolano; y Corcuera de plano dijo que “no es un cuerpo policial, es militar”.
- Funcionarios y empresas fueron sentados en el banquillo de los acusados por el presidente López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett.
Los exhibieron como ambiciosos sin escrúpulos, cómplices de un “plan perverso” para destruir la CFE y que las empresas particulares se apoderen del mercado eléctrico.
En la mañanera de ayer, aseguraron que el gobierno federal deberá pagar 85 mil millones de pesos por siete gasoductos que no han entregado ningún suministro de gas.
Las empresas cuestionadas son IEnova, TransCanada y Carso. Bartlett dijo, incluso, que si las citadas compañías no entablan un diálogo, el gobierno no descarta demandarlas.
Altos funcionarios vinculados con la CFE, que pidieron el anonimato, nos explicaron que de esos siete gasoductos, tres están en proceso de construcción conforme al calendario. “No terminan con el sexenio. Requieren de más tiempo. Es normal”, subrayan.
La situación de parálisis de los otros cuatro gasoductos es ajena a las empresas. Tiene que ver con movilizaciones sociales, consultas indígenas, sabotajes.
TransCanada negó, además, que haya algún tipo de subsidio en los contratos que fueron adquiridos con la CFE.
Las tres mencionadas empresas coincidieron en que ganaron los concursos en procesos de licitación internacionales, abiertos y transparentes.
- Van los nombres de los funcionarios que Manuel Bartlett colocó en la plaza pública por incurrir en “conflicto de interés”, al participar en el “negocio eléctrico” luego de dejar sus cargos en el gobierno: José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles González, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Téllez, Alfredo Elías Ayub, Jordy Herrera, Georgina Kessel, Felipe Calderón y Alejandro Fleming.
Felipe reviró en Twitter: “Revísense los contratos que se consideren abusivos. Nota: en la industria del petróleo o el gas la figura común es el contrato ‘Take or Pay’ en el cual el comprador paga un cargo por el producto transportado independientemente que luego decida que no lo quiere”.
- Los expertos del Grupo Eurasia, en su reporte sobre México, dijeron que éste es otro giro negativo en la posición del gobierno hacia las empresas privadas en el sector energético.
“La estrategia del gobierno para el sector es aumentar el papel de la CFE, invertir en plantas hidroeléctricas (y otros proyectos que no requieren gas) y depender menos de empresas privadas; pero estos contratos obligan a la CFE a pagar a estas empresas la capacidad de transporte de gas que desarrollaron”.
Y pronostican: “El gobierno adoptará un enfoque más estatal para el sector, cerrando las oportunidades para las empresas privadas, cambiando el marco regulatorio y, en general, deteriorando el entorno de inversión para el sector”.