Analiza la regidora Verónica Zamudio, cambios para reforzar protección institucional a mujeres violentadas en Morelia
Morelia, Michoacán.- En un contexto donde 64.9 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, la regidora de Morelia, Verónica Zamudio Ibarra, propuso una reforma para obligar a áreas de seguridad y atención a víctimas del municipio a coordinarse en la aplicación, seguimiento y resguardo de medidas u órdenes de protección para mujeres en situación de riesgo.
La propuesta, presentada este lunes, plantea modificar ocho artículos del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia para armonizarlo con las reformas federales y estatales aprobadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2026 en materia de protección a mujeres víctimas de violencia.
El diagnóstico de la iniciativa advierte que el nuevo marco federal ya no considera las medidas de protección como actos aislados, sino como parte de un sistema de seguimiento, monitoreo, coordinación institucional y resguardo de información sensible.
Entre los cambios centrales, la reforma obligaría a la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva a orientar a mujeres sobre su derecho a solicitar medidas de protección, coordinar canalizaciones urgentes cuando exista riesgo para su integridad o vida y supervisar el manejo confidencial de la información de víctimas.
También establece nuevas atribuciones para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tendría que garantizar el cumplimiento de medidas de protección, coordinar acciones de auxilio y monitoreo, así como integrar reportes y seguimiento institucional sobre casos de violencia contra mujeres.
La iniciativa sostiene que el rezago reglamentario municipal ya quedó rebasado por las reformas federales publicadas el 16 de diciembre de 2024 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y por la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en julio de 2025, que incorporó un Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección.
El documento refiere que en Michoacán el Congreso local ya adecuó la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública el pasado 11 de marzo de 2026 para obligar a municipios y autoridades estatales a cumplir mecanismos de monitoreo, seguimiento y bases de datos relacionadas con medidas de protección.
La exposición de motivos cita además cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del INEGI, según las cuales 42.7 por ciento de las mujeres michoacanas sufrió violencia en los últimos 12 meses, mientras 42.6 por ciento reportó violencia de pareja y 34.7 por ciento violencia comunitaria.
A nivel local, el documento reconoce que Morelia ya opera programas para mujeres violentadas como Punto Naranja y servicios de atención integral, pero sostiene que persisten vacíos administrativos sobre quién canaliza, quién resguarda información, quién da seguimiento y quién coordina operativamente los casos de violencia.
Incluso, la propuesta refiere que durante el segundo trimestre de 2025 la Dirección de Atención Integral del municipio reportó 742 personas atendidas, lo que, según el proyecto, evidencia que la demanda institucional ya existe y requiere reglas internas más claras para evitar omisiones, revictimización o fallas en el seguimiento de casos.
La iniciativa también incorpora obligaciones para la Policía Morelia y para la Unidad de Atención a las Mujeres, Inclusión e Igualdad, que tendrían que emitir reportes operativos, coordinar rutas de atención, fortalecer protocolos con perspectiva de género y dar seguimiento institucional a casos relacionados con órdenes de protección.