Morena propone aplazar las elecciones judiciales a 2028 para evitar riesgos y fortalecer los requisitos de las candidaturas.
Diputados y senadores de Morena han presentado una propuesta para aplazar las elecciones judiciales hasta 2028, con el objetivo de fortalecer los requisitos para las candidaturas judiciales.
“Se plantea esta reforma como fortalecimiento al Poder Judicial, no es lo deseable pero es lo posible”, comentó la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
La iniciativa surge a pesar de que Ignacio Mier, coordinador de Morena, había declarado que no habría un periodo extraordinario para discutir el aplazamiento de las elecciones judiciales, y que este tema no había sido abordado.
Entre los legisladores que respaldan la propuesta se encuentran Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez, Alfredo Vázquez, Javier Corral y Susana Harp.
Diferir elecciones judiciales al 2028
La propuesta busca diferir las elecciones judiciales a 2028 para evitar que coincidan con las elecciones federales y locales de 2027, lo que podría acarrear riesgos institucionales como una menor deliberación pública sobre los perfiles técnicos, saturación informativa para los votantes, incremento del voto desinformado, politización de las candidaturas judiciales y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral.
La iniciativa también propone eliminar el requisito de promedio general de 8 y en materias especializadas de 9 para acceder a una candidatura, considerando que esto no refleja el conocimiento real en la materia.
En su lugar, se sugiere la acreditación de competencias a través de una certificación emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ).
Además, se incrementa de cinco a diez años la experiencia mínima en materia jurídica para los aspirantes a la Suprema Corte.
El objetivo es sustituir requisitos académicos específicos por mecanismos de evaluación técnica estandarizada.
Otro aspecto de la propuesta es que el INE reemplace al Senado para emitir la convocatoria de integración del listado de candidaturas, que deberá realizarse a más tardar el 1 de septiembre del año anterior a la elección, con el fin de “despolitizar” el proceso.
Finalmente, se plantea la creación de un Comité Único de Evaluación para homologar las reglas de revisión de candidaturas, con tres perfiles presentados por cada uno de los tres poderes de la Unión.