En Público
Por Sergio Torres Delgado
A más tardar el 21 de noviembre, el nuevo gobierno del Estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, deberá presentar al Poder Legislativo las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el 2022.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 60 de la Constitución local. Hay que enfatizar que el próximo Presupuesto de Egresos para la entidad, por muy variadas razones, tendrá que ser, deberá serlo, muy, pero muy, austero.
Una de esas razones supone nada menos que esa es precisamente la quintaesencia de la 4T, la austeridad, traducida en un gobierno promotor del bienestar social que privilegia por encima de todo a los pobres. Sin embargo, si dicha postura no termina de convencer a quienes se han montado en la ola morenista para seguir disfrutando de las mieles del poder, hay otras circunstancias aún más poderosas que hacen de la austeridad algo ineludible para que el Estado pueda salir a flote.
Una de ellas es el déficit presupuestal, lo que supone que los ingresos estimados ya no serán suficientes para hacer frente al gasto público calculado para cubrir todas las necesidades. Déficit que ronda en los 13 mil millones de pesos, según el propio Ramírez Bedolla, en declaraciones periodísticas.
Baste recordar que para el 2021 el Congreso del Estado aprobó una Ley de Ingresos que proyectaba poco más de 68 mil millones de pesos, mientras que aprobaba un Presupuesto de Egresos de más de 75 mil millones de pesos.
Otra más, son los alrededor de 21 mil millones de pesos que se arrastran en calidad de deuda bancaria y que se remonta a los gobiernos de los experredistas Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, más su acumulado en las administraciones del priísta Fausto Vallejo y el perredista Silvano Aureoles.
Por si fuera poco, hay al menos otros 16 mil millones de pesos en deudas a terceros, según se desprende de lo dicho por el nuevo titular del Ejecutivo al diario El Financiero, en entrevista fechada el 27 de septiembre, titulada: Silvano Aureoles deja “boquete” de 50 mil mdp en Michoacán, afirma Alfredo Ramírez.
De ese tamaño las cosas.
Seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ramírez Bedolla ya habrán estudiado y comentado en corto y a fondo este tema. Pero una de las interrogantes que salta es si el gabinete y el equipo en general con el que contará el gobernador le ayudarán realmente a instrumentar un gobierno sobrio. Y no solo ellos, sino también los diputados, quienes reparten el pastel y se reservan siempre una gran tajada, el Poder Judicial, con sus altas percepciones, y no se diga los organismos autónomos, en algunos de los cuales la fiesta con los dineros públicos tiene ya tiempo, y la propia Universidad Michoacana.
Es del conocimiento público, por mencionar un caso, que en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), las y los siete consejeros electorales son tan generosos consigo mismos que no únicamente gozan de cuestionables salarios e innumerables prestaciones, como la asignación de vehículos oficiales, no solamente para sí mismos, sino también para al menos otros cinco funcionarios. ¿Se les acabará la celebración o seguirán siendo objeto de mimos?
No está de más mencionar la conferencia mañanera del presidente de fecha 07 de octubre, en la que advirtió que no se trata de dar más dinero a los estados de la República para que se lo sigan robando o para la compra de aeronaves, sino para “que actúen con honradez, con austeridad y que ahorren y puedan liberar fondos para el desarrollo”.
Entonces, aconsejó, lo primero que tienen que hacer es ahorrar, hay gastos excesivos o hay derroche o hay gastos superfluos; tienen que hacer una revisión y tener un gobierno austero y luego definir prioridades.
Al tiempo, sugirió primero asegurar la nómina de los trabajadores, acabar con los “aviadores”, nada de que se necesitan camionetas nuevas, “vamos para tres años y no hemos comprado un vehículo nuevo” -ejemplificó-, y luego ver cómo se restructuran las deudas.
Además, López Obrador dejó en claro que el apoyo de la federación a las entidades no será otra cosa más que un adelanto de participaciones. Así que en resumen, ni vehículos nuevos, mano dura contra los que cobran en gobierno sin trabajar, y salir de las deudas que agobian a las entidades federativas y de las cuales Michoacán está en una situación extremadamente crítica.
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