Observadores internacionales instan a México a sancionar el uso de “acordeones” en elecciones judiciales, buscando proteger la equidad del voto.
Los observadores internacionales han solicitado a las autoridades mexicanas que se sancione el uso de “acordeones” en las elecciones judiciales pasadas y se prohíba su utilización en las próximas elecciones de jueces y magistrados en 2027.
Máximo Zaldívar, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), recordó que, aunque el INE y el Tribunal Electoral permitieron a los ciudadanos crear sus propias guías de votación, prohibieron a cualquier actor externo la elaboración y distribución de “acordeones” que influenciaran el voto hacia ciertos candidatos.
“Yo creo que sí se abusó de esa facultad que se le dio a la gente de realizar los acordeones y ahí es donde ya pudo haber un dolo de parte de grupos de interés, grupos de poder o organizaciones políticas que realizaron esta distribución masiva, impresión masiva de los acordeones y que seguramente tuvo un impacto en el resultado electoral”, afirmó Zaldívar.
Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM, destacó que el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debieron investigar más a fondo el uso de dichos “acordeones”.
“¿Se debió investigar el origen de los acordeones? Desde luego que sí, y ver esto no implicó algún tipo de financiamiento ilícito”, planteó.
Por su parte, Daniel Bejas, presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, señaló que estos “acordeones” pudieron haber afectado la equidad electoral y el libre ejercicio del voto.
“Habría que investigar, entiendo que lo están investigando, si hubo un financiamiento ilegal paralelo en este sentido. Consideramos que fueron elementos disruptivos, percibidos como elementos de influencia o manipulación externa. Y también se debe de investigar una campaña financiada de modo oculto, trasgresor en redes sociales, esto en función de que era muy limitado los gastos que podían llevar a cabo los candidatos”, afirmó.
Carolina Da Silva, exgerente de proyecto en Uruguay, sugirió que se debe implementar una reforma electoral-judicial para prohibir o regular el uso de estas guías de votación.