Jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal
La jueza concedió un plazo adicional de tres meses para que la defensa analice las pruebas. Foto: Gobierno de México

Ordenan reabrir la investigación contra el vicealmirante Roberto Farías Laguna por huachicol fiscal, jueza exige acceso total a las pruebas para una defensa justa.

Ciudad de México.-Una jueza federal ha ordenado reabrir la investigación complementaria en el caso penal 325/2025 contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, de la Secretaría de Marina (SEMAR), acusado de “huachicol fiscal”.

Esta decisión se tomó después de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara repetidamente a proporcionar a la defensa el acceso completo a la carpeta de investigación.

La jueza Mariana Vieyra Valdés, del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, emitió la resolución y concedió un plazo adicional de tres meses para que la defensa analice las pruebas y fortalezca su estrategia legal.

Según el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, la decisión judicial fue resultado de una audiencia de tutela de derechos promovida por los abogados del vicealmirante, quienes alegaron que el acceso incompleto al expediente comprometía el derecho a una defensa adecuada.

Durante la audiencia, la jueza determinó que la FGR debe permitir el acceso total a la carpeta de investigación, incluyendo todos los documentos, anexos y evidencia digital. Además, ordenó a la Fiscalía presentar un inventario detallado del contenido del caso para evitar omisiones y asegurar la transparencia en el proceso judicial.

La defensa había señalado que la FGR había puesto obstáculos para acceder a la evidencia digital, lo que limitó su capacidad para preparar una defensa sólida. La jueza concluyó que era necesario restablecer el equilibrio procesal ampliando el periodo de investigación complementaria y asegurando el acceso completo a las pruebas.

Esta resolución representa un reto para la Fiscalía, que ahora debe cumplir con las directrices del tribunal y transparentar todas las actuaciones realizadas en el caso.