La publicación tardía de reformas al Código Electoral afecta a mujeres y comunidad LGBTTTIQ+, limitando recursos y participación política.
Morelia, Michoacán.- El Periódico Oficial del Estado lo vuelve a hacer, ahora con la publicación tardía de un par de reformas al Código Electoral del Estado que fue aprobadas en noviembre por el Congreso. Debido a ello, recursos para el empoderamiento de mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en los partidos políticos se verán reducidos en 2026.
El asunto fue evidenciado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso local, Diana Mariel Espinoza Mercado, quien refirió que dicha reforma al artículo 112 del Código Electoral, aprobada por unanimidad el 19 de noviembre pasado, no fue publicada sino hasta el nueve de enero, por lo que no pudo entrar en vigor a partir de este 2026 como se tenía previsto.
Debido a ello los porcentajes destinados al empoderamiento de mujeres y comunidad LGBTTTIQ+, quedará en los mismos términos este año a los que se establecían antes de las reformas, es decir, tres por ciento para ellas y nada en materia de diversidad.
Las reformas determinaron que los partidos políticos destinarían por lo menos el ocho por ciento de sus prerrogativas para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como al menos el cinco por ciento para la capacitación, formación política y empoderamiento de personas pertenecientes a las comunidad LGBTTTIQ+ incluyendo acciones afirmativas para su participación efectiva en procesos electorales y de toma de decisiones.
Pese a carecer de facultades para determinar cuándo entra o no en vigor un decreto aprobado por el Congreso, desde el Periódico Oficial se argumentó al Congreso que la reforma se aplicará hasta 2027. Debido a ello la Comisión de Asuntos Electorales citó este martes a la directora del Periódico, Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira, quien de plano dejó plantados a los diputados.
Cabe apuntar que es práctica común en el Periódico Oficial del Estado, la publicación tardía de decretos aprobados por el Congreso, o bien la alteración de fechas en las que se publican, lo que implica una afectación plena a la certeza jurídica.