OOAPAS consideró que la propuesta para reinvertir la deuda de agua de planteles educativos en obras escolares puede ser viable si se ajusta técnicamente y se ejecuta con supervisión institucional.
El director general del OOAPAS, Adolfo Torres, reconoció que la propuesta del diputado Juan Carlos Barragán Vélez para reinvertir la deuda de agua en infraestructura escolar parte de una intención positiva, aunque consideró necesario precisar su alcance técnico y operativo para asegurar su viabilidad.
En entrevista, Torres aclaró que, en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyo adeudo con el organismo ronda los 114 millones de pesos, sólo una parte corresponde directamente a unidades académicas.
De ese total, aproximadamente 34 millones están ligados a facultades y preparatorias; el resto se concentra en espacios administrativos, casas del jubilado y oficinas que no entrarían en el esquema planteado por la iniciativa.
Propuesta más efectiva
Según el titular del OOAPAS, una de las principales limitaciones del planteamiento legislativo es la ausencia de un mecanismo claro para acreditar la reinversión.
Afirmó que la propuesta sería más efectiva si la ejecución de obras, como drenajes, sanitarios o sistemas de captación pluvial, recayera en el propio organismo operador, lo que permitiría dar trazabilidad y transparencia al uso de los recursos.
En ese sentido, recordó que ya existe experiencia institucional con programas de mejora hídrica, como el de cosecha de agua, que podrían aplicarse en planteles con necesidades específicas, bajo supervisión técnica y reglas de operación.
OOAPAS y la SEE
Respecto al resto del sistema educativo público, Torres indicó que no existe actualmente un problema grave de rezago en pagos.
La Secretaría de Educación estatal realiza abonos mensuales al OOAPAS y mantiene diálogo abierto para regularizar contratos pendientes con algunas escuelas.
“Con la SEE hay buena comunicación y seguimiento, el tema está focalizado principalmente en la Universidad”, apuntó.
En el caso de Ciudad Universitaria, explicó que opera con base en un convenio de comodato firmado en 1986, por el cual la institución no paga agua ni saneamiento a cambio de cubrir el costo de la electricidad del pozo que abastece la zona.
Sin embargo, dijo, el crecimiento del campus ha superado el alcance original de ese acuerdo, por lo que se requiere revisarlo.
Finalmente, el organismo reiteró su disposición para alcanzar acuerdos que permitan resolver los adeudos históricos y canalizar recursos a obras útiles, pero insistió en que cualquier medida debe establecer condiciones claras, comprobación documental y ejecución institucional.
La prioridad, subrayó Torres, debe ser asegurar que los recursos beneficien directamente a las escuelas, sin perder control ni trazabilidad.