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Plantean igualdad jurídica de personas con discapacidad en procesos legales

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Plantean igualdad jurídica de personas con discapacidad en procesos legales

Plantean igualdad jurídica de personas con discapacidad en procesos legales

Morelia, Michoacán.-Suprimir el estado de interdicción que prevalece en la legislación michoacana, para garantizar igualdad jurídica de las personas con discapacidad en procesos legales, es el planteamiento que se analiza en el Congreso local.

La medida se prevé mediante una reforma a los códigos Familiar y el Civil, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, promovida por los diputados Víctor Zurita y Gabriela Cázares.

La iniciativa ya se encuentra en proceso de dictaminación por parte de las comisiones legislativas, y en ella se apunta que las personas con discapacidad padecen de una discriminación directa debido a que en muchos de los casos, las autoridades judiciales del orden civil, familiar y mixto tienen mandatada la atribución de decretar en la personalidad jurídica de dicho grupo social un sesgo legal, llamado estado de interdicción, en donde se sustituye absolutamente la voluntad de la persona delegándola a sus representantes o tutores legales.

En ese sentido apuntan que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado la inconvencionalidad del estado de interdicción debido a que no es compatible con el bloque de constitucionalidad el negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica.

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Agregan que a las personas con discapacidad se les debe proporcionar acceso al apoyo que necesiten para ejercer sus capacidad jurídica y para la toma de decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de la condición particular de la persona y de sus requerimientos personales, con el fin de que pueda ejercer plenamente y por sí misma su autonomía y todos sus derechos.

“La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado que el sistema de protección de derechos que México como Estado tiene que ser compatible, coherente y sistemático con el modelo social de discapacidad; ya que este es respetuoso de la dignidad de las personas con discapacidad, reconociéndoles estándares de derechos progresivos y con principios y reglas fundamentales para la inclusión social”.